El Consell de Ibiza ha iniciado diligencias sancionadoras contra el alquiler turístico irregular de un piso situado en una promoción de viviendas de protección oficial. Las diligencias se iniciaron gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico de inspección turística.

Según ha informado la institución, la inspección del Consell comprobó que la vivienda se anunciaba en Airbnb ofreciendo varios servicios. También se comprobó que la persona que comercializaba la vivienda lo había hecho, por lo menos, unas diez veces.

El Consell ha trasladado los hechos a la Delegación de Hacienda y a la Dirección General de Vivienda del Govern. En este caso, ya que las diligencias se abrieron en julio, antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley turística, el responsable se expone a una sanción de entre 4.000 y 40.000 euros, tal y como establecía la norma anterior.

Con la actual Ley, el Consell dispone ahora de mejores instrumentos para perseguir el alquiler irregular en casas y pisos de la isla, además de incluir un considerable incremento de las cantidades económicas en el régimen sancionador.

El Consell ha recordado que la comercialización turística de una vivienda sin autorización implica una infracción grave con multas de entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador y para cada vivienda que se ofrece.

En el caso de las plataformas u otros titulares y explotadores de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de la oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.

La institución ha valorado que ahora la norma facilita por primera vez una definición del término 'canal de oferta turística'. También deja claro que se considera como alquiler turístico las estancias de corta duración con periodos inferiores a un mes.

El Consell también ha dicho que se sigue con el Plan de Inspección Turística, cuyo objetivo es controlar el cumplimiento de la normativa y el correcto funcionamiento de las actividades y servicios turísticos, la detección de servicios clandestinos o garantizar el respeto a los derechos de los usuarios, entre otras cosas