La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ferrol, ha fallado a favor del recurso presentado por una funcionaria del Ayuntamiento de Ferrol, por el nombramiento de las personas encargadas de ostentar cargos de Jefatura de Urbanismo e Infraestructuras y Jefatura de Promoción cultural y turística.

La denuncia fue presentada por una trabajadora municipal, E.L.D.G., contra una resolución dictada por el gobierno municipal de esta ciudad, a través de la Concellería de Economía, Facenda, Emprego y Recursos Humanos, por el nombramiento por parte de la concejala de estas áreas de las personas encargadas de ostentar esos cargos de Jefatura.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la funcionaria pública presentó al gobierno que preside Jorge Suárez un recurso contra los decretos aprobados por el ejecutivo local el 17 de febrero de 2016, solicitando que "se declare contraria al ordenamiento jurídico" dicha encomienda de tareas "a los funcionarios recién promocionados al grupo A2", además de solicitar que "se convoque al correspondiente concurso de los puestos vacantes entre los funcionarios del Grupo A2 y A1".

Esta petición fue desestimada desde el gobierno en abril de este mismo año, lo que motivó su decisión de presentar denuncia ante el juzgado ferrolano, que fue admitida a trámite el 4 de noviembre de 2016.

DENUNCIA

AL AYUNTAMIENTO Y TRABAJADORAS

La trabajadora ferrolana, que ha estado asistida en este proceso por el despacho de abogados herculino Santaló Abogados, había presentado reclamación contra el propio Ayuntamiento y otras compañeras.

Ahora, ha visto reconocida su tesis en la sentencia dictada por la magistrada, ya que en la misma, con fecha de 27 de julio, se recoge además la "imposición de las costas a los demandados hasta un límite de 400 euros en cuanto a los honorarios del letrado de la parte demandante".

Además de declarar nulos los decretos realizados por el gobierno de Ferrol en Común, la jueza también obliga al ejecutivo "a que se convoque el correspondiente concurso de los puestos vacantes entre los funcionarios de los Grupos A2 y A1",

al entender que la acción realizada "no se ajusta al sistema de provisión

previsto tanto legalmente como en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)".

Contra la presente sentencia cabe recurso, de quince días, a presentar ante el mismo juzgado de lo contecioso-administrativo, tras la recepción de la misma.