El tráfico ilegal de residuos ocasiona graves problemas medioambientales. Consciente de ello, Interpol ha coordinado una operación en 43 países del mundo para combatir este delito, que en el caso de España ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil con 4.020 inspecciones y 1.477 denuncias en un mes.

Y si algo ha llamado la atención de los investigadores, según han comentado fuentes del Seprona, es comprobar el enorme volumen de residuos que de forma ilegal entran en España desde localizaciones muy pequeñas como Malta y Gibraltar, que por su tamaño es prácticamente imposible que produzcan tantos.

Es parte de los resultados de la operaciónTyson, desarrollada el pasado mes de junio contra el vertido y el tráfico ilícito de residuos.

Más de 1,5 millones de toneladas de vertidos ilegales han sido descubiertas en esta operación mundial que, en el caso de España, fue coordinada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con la participación de 1.000 agentes del cuerpo.

Tanto a Malta como a Gibraltar llegan residuos procedentes de otros países que posteriormente son "importados" a España, que no solo recibe sino que también exporta, puesto que estas prácticas con basura se han convertido en un importante negocio para las redes criminales.

Todos los países, tal y como establecen los convenios internacionales, tienen la obligación de gestionar sus propios residuos, por lo que "no tiene sentido" que, por ejemplo, a España lleguen desde Alemania, Francia o Estados Unidos, estados muy desarrollados. Pero se hace así para deshacerse de ellos de forma más barata.

Italia, Grecia, Portugal, Andorra, Israel, Emiratos Árabes, Omán Argentina, Uruguay, Colombia u Honduras son otros países que exportan sus residuos a España de forma ilícita.

Las fuentes del Seprona destacan el crecimiento que está experimentando el delito medioambiental, sobre todo el tráfico de especies y de residuos. Tanto es así, que la Unión Europea ya los ha situado al mismo nivel que el narcotráfico o el terrorismo y se ha puesto como prioridad combatirlos.

Durante la operación, se ha actuado sobre las actividades ilegales vinculadas a los traslados transfronterizos de residuos, los vertidos ilícitos, las actividades no controladas en vertederos, las operaciones irregulares de reciclaje y el mercado ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono.

En concreto, en el transcurso de la operación en España se han detectado infracciones por residuos de construcción y demolición, de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos viejos, residuos urbanos, metálicos, lodos y neumáticos fuera de uso.