La Audiencia de Barcelona ha rechazado decretar el ingreso en prisión de Sergi Xavier M.M., que agredió a una menor ecuatoriana el 7 de octubre en un tren de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), porque considera, entre otros motivos, que la pena máxima que se le puede imponer son dos años de cárcel por un delito contra la integridad moral y que no concurre riesgo de fuga.
Con su auto, la Sección Quinta de la Audiencia desestima los recursos de apelación presentados por la Fiscalía, la acusación particular y la popular (FGC) contra el auto del juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sant Boi de Llobregat que acordó la puesta en libertad provisional del imputado con estrictas medidas cautelares.
La Sala, por tanto, mantiene la obligación de Sergi Xavier M.M. de permanecer en casa de 10 a 11 horas y de 18 a 19 horas para que la Policía Local de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) pueda verificar su presencia. También debe presentarse dos veces al mes en el juzgado y no puede ir a otras localidades que no sean Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló o la Colonia Güell sin autorización judicial.
El imputado, además, no puede utilizar los trenes de la línea S8 de los FGC, donde se produjo la agresión, en cualquiera de sus direcciones. Todas esta medidas estarán en vigor hasta que se celebre el juicio y, en caso de incumplimiento, se podrá imponer al acusado otra medida más restrictiva, incluida la prisión provisional.
En sus recursos, las acusaciones alegaban --aparte del riesgo de un nuevo ataque hacia la víctima-- que los hechos podían constituir un delito contra la integridad moral, otro futuro de lesiones psíquicas, otro de tentativa de lesiones físicas, otro de agresión sexual y otro de amenazas, con las posibles agravantes de xenofobia y abuso de superioridad. A su entender, las penas a imponer por dichos delitos pueden ser elevadas y, por tanto, existe riesgo de fuga.
La Audiencia mantiene en libertad al agresor de la chica ecuatoriana en un tren
- Considera que la pena máxima que se le puede imponer son dos años de cárcel por un delito contra la integridad moral.
- Cree que no concurre riesgo de fuga.
- Se mantienen las estrictas medidas cautelares.
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