Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, el archivo se ha producido en base a que "los hechos expuestos no constituyen delito de financiación ilegal de partido, toda vez que no cuenta con los requisitos del tipo penal", al tiempo que han destacado que "la documentación aportada acredita que las asignaciones realizadas al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Lucena han sido destinadas para el funcionamiento del grupo".
En cualquier caso y "para el supuesto que por otra vía se acreditase que las asignaciones han sido destinadas a financiar los gastos de campañas electorales", según la Fiscalía, "no constituiría ilícito alguno, sino tal vez pudiera constituir una vulneración de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, cuya competencia corresponde al Tribunal de Cuentas".
Al respecto, el edil hacía constar en la denuncia que "existen sospechas razonables de que las prácticas corruptas siguen practicándose", de ahí que lo pusiera en conocimiento del fiscal por si pudiera constituir la supuesta comisión de un delito continuado de corrupción en la Administración Pública y financiación ilegal de partidos políticos.
En concreto, los hechos se refieren a los fondos que cada ayuntamiento paga a los diferentes grupos políticos con representación en el pleno para hacer frente a sus gastos de funcionamiento. Un dinero que tiene una parte fija y otra variable según el número de concejales logrados. De forma semestral ahora y antes anual, estos gastos deben justificarse ante los servicios de Intervención.
En este sentido, el concejal relata que "la Ley señala claramente que las asignaciones de los ayuntamientos a los grupos municipales son para el funcionamiento del grupo y no para otros fines diferentes", a lo que añade que "esta práctica detectada en el PSOE de Lucena, consistente en desviar estos fondos para otros fines, pudiera ser también habitual en otros municipios".
Así, el edil aportaba una serie de documentos al fiscal que provienen de sendos escritos que el exsecretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE de Lucena, Antonio Sánchez, y otros cuatro miembros de esa dirección enviaron a la dirección provincial del partido.
En dichos escritos se advierte de "prácticas presuntamente corruptas consistentes en que el erario público pague campañas electorales de elecciones municipales, las celebradas en 2007 y 2011 -con José Luis Bergillos como número uno en ambas citas-, algo que los órganos competentes del partido no pueden ignorar y en modo alguno pueden ser toleradas por el PSOE".
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