La ONU exige la liberación "inmediata" de los opositores venezolanos López y Ledezma

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un acto del Gobierno en Caracas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un acto del Gobierno en Caracas.
EFE
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un acto del Gobierno en Caracas.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) dio un paso adelante este viernes en el conflicto de Venezuela pedir la liberación "inmediata" de los opositores encarcelados, entre ellos, el líder Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

"Insto al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión", reclamó el alto comisionado para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, después de que el Tribunal Supremo del país latinoamericano revocase el arresto domiciliario de ambos políticos y los enviase de nuevo a la prisión militar de Ramo Verde bajo la acusación de intento de fuga y proselitismo político.

El pronunciamiento de la ONU se une al de la Unión Europea, cuya responsable de Exteriores, Federica Mogherini, trata de coordinar una respuesta común a la escalada de violencia de la que participa la oposición y la deriva autoritaria del gobierno que preside Nicolás Maduro.

Antonio Tajani, presidente de la Eurocámara, enviço este martes dos cartas al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, solicitando la posibilidad de congelar los activos e imponer una prohibición de viajar a la UE a los miembros del Gobierno de Venezuela, en la línea de lo aprobado por EE UU.

Tajani, que calificó los arrestos de las últimas de "injustificados", coincidió así con la portavoz del ejecutivo comunitario, Mina Andreeva, que afirmó que el ingreso en la cárcel de López y Ledezma es "un paso en la dirección equivocada" y que Venezuela necesita una "solución pacífica negociada". Esta no puede pasar, recordó, por la Asamblea Constituyente elegida el domingo a propuesta de Maduro en unos comicios cuya legitimidad no es reconocida por las autoridades continentales, sino por unas elecciones y un posible gobierno de transición nacional.

Evitar el daño a la población

Las medidas propuestas por Tajani son compartidas por España. El Gobierno de Mariano Rajoy es partidario de perseguir a los líderes del movimiento bolivariano, pero no de aplicar sanciones económicas al país -ya afectado por una fuerte recesión económica- para no perjudicar a la población.

Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, ha descartado la posibilidad de llamar a consultas al embajador español en Caracas, Jesús Silva, ya que, ha dicho, lleva poco tiempo en el cargo y es fundamental que ahora esté "sobre el terreno" para asegurar la situación de los españoles y para tener una interlocución con las autoridades venezolanas y con la oposición.  "La paz, la democracia y la libertad de los presos políticos han de ser inquebrantables", remachó en un mensaje de texto el presidente Mariano Rajoy.

La Asamblea se reúne

Los embajadores de España, México, Francia y Reino Unido asistieron este martes a la Asamblea Nacional, en parlamento venezolano, para asistir a la reunión que la oposición ha convocado en la Cámara para "seguir trabajando" ante las amenazas de desalojo y detención de Maduro.

El líder venezolano podría conformar su Asamblea Constituyente en ese mismo edificio, controlado por la oposición desde las elecciones legislativas de 2015, en las que Maduro perdió la mayoría. El mandatario señaló directamente al vicepresidente del Parlamento, el diputado Freddy Guevara, para quien, según aseguró el mandatario, ya hay una celda lista para cuando la Constituyente empiece a ejercer sus poderes.

EE UU ha asegurado que el encarcelamiento de Leopoldo López, que ha llegado a pedir a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado contra el presidente electo, y Antonio Ledezma "es una evidencia más" del carácter "autoritario" de Maduro.

Rusia, Cuba, Nicaragua y Bolivia, alineados con el chavismo, defienden que la Constituyente es legal y legítima, mientras que países del cono centro y sudamericano como Mexico, Brasil o Argentina se niegan, como Europa, a reconocer el resultado.

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