Así, según ha señalado Ecologistas en Acción en un comunicado, "esta medida, anunciada a bombo y platillo por la cementera, es claramente un reto y una maniobra de presión sobre el Ayuntamiento, pues obliga a éste a iniciar acciones para paralizar esta decisión empresarial, acciones que la cementera recurrirá y que podrían tener un largo recorrido judicial".

En opinión del colectivo ecologistas, "para la multinacional brasileña propietaria de la cementera, que cuenta con sobrados recursos para financiar costosísimos gabinetes jurídicos, el proceso que pueda derivarse de la adopción de esta medida es algo anecdótico y con toda seguridad forma parte de sus prácticas empresariales habituales".

Sin embargo, "para los vecinos de esta ciudad, que vienen reclamando desde hace diez años por vías legales que no se autorice la incineración por el riesgo que esto supone para la salud de las personas de las áreas circundantes, esta actitud es una muestra del despotismo y de la altanería que cabe esperar de estas empresas, de estos grandes grupos empresariales, con fuerte presencia en todo el mundo y acostumbrados a imponer los intereses de sus accionistas por encima de los intereses de las comunidades afectadas por sus actividades industriales".

Ecologistas en Acción ha advertido que "esta es la relación que la multinacional pretende tener con Córdoba, una relación de subordinación de los intereses ciudadanos a los intereses mercantiles del accionariado de la empresa", añadiendo el colectivo ecologista que "esa actitud de desprecio empresarial a la ciudadanía forma parte del AND de este tipo de multinacionales, como muy bien está demostrando la multinacional brasileña anunciando públicamente con toda frescura que están actuando en contra de la normativa municipal".