En declaraciones remitidas a Europa Press, el delegado ha asegurado que los centros sanitarios y hospitalarios, así como los servicios de urgencias, "están funcionando con absoluta normalidad" después de las críticas vertidas por los diputados autonómicos del PP-A sobre la falta de camas y profesionales desde el centro de alta resolución de El Toyo.

"Hemos hecho un gran esfuerzo también no solo para mantener los servicios sino para reforzar aquellos puntos y zonas en las que se produce una mayor afluencia turística durante estas fechas", ha destacado el titular provincial de Salud, quien ha incidido en que la Junta ha destinado cerca de nueve millones de euros para "garantizar" las prestaciones, esto es, un siete por ciento más que en 2016, lo que representa millón de euros.

Martín ha asegurado que la apuesta sanitaria "no tiene comparación" con la realizada por otras administraciones en la provincia para reforzar los servicios de verano, de manera que esta inversión posibilita una "atención sanitaria de calidad" que conlleva 5.500 intervenciones quirúrgicas, 180.000 consultas externas y la realización de más de 210.000 pruebas diagnósticas, además del mantenimiento de los servicios de atención primaria.

Ante este escenario, ha considerado que el PP "lo único que tiene que decir son mentiras, falacias y criticar de manera injusta un sistema sanitario público que es altamente valorado por los ciudadanos" y que "es sin dudo de los mejores de todo el país, cosa que no pasa en las autonomías donde gobierna el PP".

El delegado ha afeado que los populares pretendan "sembrar alarma entre la población" y "desprestigiar el sistema" al alegar "falta de recursos y de infraestructuras" al tiempo que "siempre olvidan decir" que el Gobierno central "ha realizado un recorte brutal en las prestaciones". "No hemos cerrado ni un solo centro sanitario, al contrario, estamos realizando inversiones como el Materno-Infantil o la Casa del Mar", ha apostillado.

Con esto, ha instado al PP a que "tengan un poco de decencia" y que "se dirijan a la Moncloa" para pedir al Gobierno que retire el recurso sobre el decreto de las 35 horas semanales para empleados públicos, ya que "puede suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo".