Martín se ha expresado en estos términos este jueves durante un desayuno informativo en Alicante para hacer balance del curso político y explicar el papel de su formación en las negociaciones del pacto contra la violencia de género y pacto por la educación. En el acto también ha participado el también diputado de Cs por Alicante, Pepe Cano.

Así, la diputada ha explicado que su grupo "puso sobre aviso" al Ministerio de la elaboración de este decreto del área que dirige Vicent Marzà, por lo que se pidió un informe a la Alta Inspección Educativa.

Este informe, según Martín, lo solicitaron después en febrero, pero no se lo entregaron hasta mayo. Es entonces cuando ven con "sorpresa" que el documento pone que "hay indicios de que ese decreto de plurilingüismo puede estar vulnerando las competencias" y no preservando la igualdad del derecho de educación, de manera que, además de pedir al conseller que lo modificara, deberían haber pedido su paralización desde el Ejecutivo central.

Algo que no hicieron y que, a su juicio, ha llevado a las familias a una situación de "inseguridad jurídica". No en vano, ha tildado de "paripé" la actitud del PP, ya que la Diputación de Alicante ha sido la que ha pedido las medidas cautelares por vía judicial, que, como ha señalado, "no hacía falta", ya que el Ministerio podía haber recurrido el decreto con ese informe directamente ante el Constitucional. En este sentido, ha destacado la necesidad de no judicializar la política.

No obstante, este jueves se ha hecho público que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria por discriminatorio.

En todo caso, Martín ha confiado en que el presidente del Consell, el socialista Ximo Puig, exija que impere el "sentido común" y se haga un nuevo decreto con "consenso" y escuchando a la comunidad educativa y al resto de formaciones políticas.

PACTOS NACIONALES

Por otra parte, la diputada alicantina y portavoz de Educación de Ciudadanos ha ofrecido las cifras de su actividad en el Congreso: 127 iniciativas parlamentarias, 92 preguntas y 29 Proposiciones No de Ley. De ellas ha resaltado la negociación del pacto contra la violencia de género, el primero nacional en este campo, y la puesta en marcha del pacto por la educación, dos materias relacionadas y en las que ella hará de "correa de transmisión".

Por este motivo, ha matizado que no es verdad que se ha acordado que vaya a haber asignaturas obligatorias sobre esta área, sino que "se incluirán obligatoriamente la educación para la igualdad y en contra de la violencia de género en lo que salga del Pacto Educativo". Aunque ha afirmado que sí se deberán incluir contenidos relacionados con la violencia de género en las oposiciones a maestros y formación de profesorados, así como en los proyectos de los centros educativos y en el proyecto de director.

Además, sobre el pacto contra la violencia de género ha dicho que "es el ejemplo de como debe funcionar la política", aunque ha lamentado que algún partido "haya utilizado un tema tan dramático y sensible como éste para hacer un uso partidista". A ello ha añadido que Ciudadanos ha exigido "total transparencia en las subvenciones" para que el dinero que llegue sea realmente "útil" y "eficiente" y lo han hecho a través de un voto particular registrado hoy mismo.