Los Estados miembros de la Unión Europea deben reubicar a 1.226 demandantes de asilo cada jornada en los próximos sesenta días si quieren cumplir con los acuerdos vinculantes que rubricaron tras el verano de 2015, en plena crisis internacional de desplazados.

Los países están obligados a acoger a 73.579 personas llegadas a Italia y Grecia entre este miércoles, 26 de julio, y el próximo 26 de septiembre, lo que da una media de más de 1.200 hombres, mujeres y niños cada día.

El comisario de Interior e Inmigración, Dimitros Avrampoulos, aseguró este miércoles que el proyecto sigue siendo "viable" y se mantiene, después de que la UE se anotase un récord de reubicaciones en junio con 3.000 individuos

Avrampoulos aseguró, sin embargo, que los países seguirán atados a sus obligaciones después de la fecha límite: "Aunque el sistema concluya en septiembre, las obligaciones jurídicas de los Estados miembros no se quedan ahí, tendrán que seguir recibiéndolos". El abogado general de la UE, Yves Bot, ha rechazado una petición de Hungría y Eslovaquia para anular el sistema de reparto de demandantes

Bruselas cree que los gobiernos han dado un impulso al programa de acogida después de las últimas advertencias. España, por ejemplo, prometió ampliar su cupo en 500 personas más al mes después de ser abroncada, aunque el Ejecutivo de Mario Rajoy se excusó en las demoras ajenas para justificar que solo haya prestado auxilio a 1.093 personas (925 desde Grecia y 168 desde Italia) de las 9.323 que le corresponden. En total, el Gobierno tiene pendiente el 88% de sus compromisos, según recogió la agencia Europa Press.

Los Veintiocho acordaron en septiembre de 2015 reubicar a 160.000 refugiados en el plazo de dos años desde Italia y Grecia, para ayudar a estos dos países a soportar la llegada de migrantes a sus costas, aunque ha recortado el número final a 106.000.

Europa sigue registrando llegadas a pesar del acuerdo de devolución con Turquía. El control de esta ruta ha provocado, sin embargo, que aunque el número de migrantes haya descendido en los seis primeros meses de 2017 en el conjunto de Europa, haya crecido en Italia y España.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el vicepresidente, Frans Timmermans; y el comisario Avramopulos enviaron este martes una carta al primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, prometiéndole hasta 100 millones de euros más del Fondo de Asilo, Migración e Integración para acelerar los procesos de asilo y el retorno a sus países de quienes no tengan derecho a ello, según Efe.

En paralelo, Italia continúa intentando aprobar un "código de conducta" para las ONG dedicadas al rescate que prohibiría a sus embarcaciones el traspaso de migrantes rescatados a otras naves, entrar en aguas libias o emitir señales luminosas que puedan avisar a los traficantes, además de la obligación de llevar a un oficial judicial a bordo. Estas medidas son respaldadas por Alemania, el país que más peticiones de asilo recibe.

ONG como Proactiva Open Arms han denunciado que esta no es la solución a la llegada de migrantes y advierten de que lo que necesitan son más recursos y la colaboración de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional, La Cimade, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y Cáritas denunciaron este miércoles las "continuas violaciones" de los derechos de los migrantes cometidas por el Gobierno francés en su frontera con Italia, en especial las llamadas "devoluciones en caliente".

SolidarityNow, el Foro Griego de Migrantes o el Consejo para la integración de migrantes de Atenas, revelaron, además, los "testimonios sobre violencia y abuso" en el centro para refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, con capacidad para 3.500 personas pero que acoge a 4.500. "Dejan a migrantes y refugiados en una situación miserable durante meses al tiempo que ponen a prueba la capacidad de resistencia de los habitantes de la isla", alertaron en relación a las condiciones de hacinamiento e insalubridad.