Según ha indicado la asociación en una nota, las reclamaciones presentadas contra la banca (438) superan en casi dos veces y media la del mismo período del año anterior, mientras que las consultas (1.896) casi duplican las de los primeros seis meses del año 2016.

"Está claro que los abusos en este sector constituyen el primer motivo de preocupación de los consumidores y usuarios de Córdoba", ha señalado Facua, que ha detallado que "el 76,8 por ciento de las reclamaciones recibidas ha sido por este motivo", una cifra "histórica", pues "nunca antes el sector de la banca había acumulado tal cantidad de denuncias por parte de los usuarios".

Las actuaciones emprendidas frente a la banca están motivadas fundamentalmente en la reclamación del dinero cobrado fraudulentamente por las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas.

A esto, le siguen las relacionadas con los temas de telecomunicaciones, que han acaparado el 7,9 por ciento de las reclamaciones, generalmente "por incumplimiento de las ofertas comerciales, la facturación de servicios no solicitados por los usuarios y la aplicación de penalizaciones abusivas cuando solicitan la baja".

El tercer lugar de las preocupaciones de los usuarios lo ocupan las compañías de suministro energético, que en el primer semestre del año motivaron el 3,9 por ciento de las reclamaciones. En su mayor parte, las quejas están relacionadas con los "engaños a los usuarios para que cambien de comercializadora de electricidad o gas con promesas de tarifas más bajas, que en realidad incrementan las facturas".

El sector de los seguros ocupa el cuarto lugar entre las denuncias recibidas por Facua Córdoba, con un 2,8 por ciento del total, mientras que por detrás están los transportes (2,6%), vehículos (1,4%) y los artículos de hogar y ropa (1%).

"Los fraudes masivos que sufren los consumidores aumentan como consecuencia de la inacción de las autoridades competentes en el Gobierno de España y la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía", ha indicado Facua, que ha criticado "la falta de mecanismos eficaces de control del mercado y la escandalosa tibieza de las administraciones en los pocos casos en que aplican multas, cuya cuantía es insignificante en comparación con los beneficios ilícitos que obtienen las empresas".