Según ha señalado Ferrera, "es el Gobierno central el que ha interpuesto el recurso y es el Ejecutivo quien debe revocar su decisión y solicitar al Tribunal Constitucional que levante la suspensión cautelar para evitar los efectos perjudiciales de tipo organizativo que provocaría en la administración de la Junta", ha informado el PSOE en una nota

"La Junta de Andalucía implantó la jornada el mes de enero y no se puede dar ahora ni un paso atrás en su aplicación", ha señalado el dirigente socialista, ya que "con esta medida se aumentaría las oportunidades de empleo público permitiendo la creación, de forma inmediata, de entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo en la administración andaluza en nuestra comunidad", ha apuntado Ferrera.

Para el secretario de Organización, "se trata de una medida oportuna, adecuada y consensuada con UGT, CCOO y CSIF, que no solo es de justicia para los empleados sino que tendrá un impacto positivo en la economía". Por ello, ahora "el Gobierno central debería abrir una ronda de contactos y negociaciones con las comunidades autónomas, no solo para dejar sin efecto la suspensión de las 35 horas en Andalucía, sino para que se arbitren medidas que permitan extenderla al conjunto de los empleados públicos del Estado".

"Con este paso que dio la Administración autonómica, en Andalucía volvimos a demostrar que somos diferentes y que en el momento en el que se ha reactivado la economía, el Gobierno andaluz se ha volcado en compensar el esfuerzo asumido por los empleados públicos para que recuperen todos sus derechos y reconozca su profesionalidad al frente de los servicios públicos", ha remarcado el socialista.

No obstante, ha precisado que "desgraciadamente nos topamos con un nuevo varapalo del Ejecutivo de Rajoy y del presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que vuelven a defraudar a los ciudadanos y, especialmente, a los empleados públicos".

Por último, Ferrera ha subrayado que "los empleados públicos andaluces no se merecen ningún retroceso en sus condiciones laborales", indicando además que "la jornada de 35 horas es un derecho que quedó suspendido con motivo de la crisis y que ahora es de justicia devolverles, ya que con su esfuerzo y dedicación han permitido que no se vieran mermados los servicios públicos en los últimos años".