Entre las alegaciones que se han incorporado, se incluyen 35 de profesionales y miembros de la Comisión Regional de Atención Temprana (CRAT), según fuentes del Ejecutivo regional.

Asimismo, y según las peticiones del CRAT, se ha modificado el título del decreto, varios artículos para que se tuviera en cuenta la opinión de los técnicos de los centros de atención temprana, a la hora de la valoración, y se ha añadido la posibilidad de que los padres presenten voluntariamente un informe de valoración técnica realizado por estos equipos profesionales.

"Para nosotros es prioritario dar una atención especializada a los niños menores de 6 años que tengan problemas en su desarrollo o riesgo de padecerlos", ha señalado la consejera, quien ha recordado que "estamos trabajando en este decreto para que sea un servicio público, universal, gratuito y de calidad para todos estos menores y sus familias. En sintonía con las peticiones de los técnicos, también se ha modificado el artículo 15 a fin de reafirmar la gratuidad del sistema".

El texto da respuesta a las necesidades de la sociedad regional respecto a la regulación de la atención temprana, garantiza la equidad en la financiación de los ayuntamientos, que pasarán de recibir el importe mediante subvenciones a hacerlo mediante contrato, de manera que se pagará por cada niño que la reciba. "Los ayuntamientos verán, en la gran mayoría de los casos, un aumento del presupuesto para financiar este servicio", ha asegurado la consejera.

Además, cuando entre en vigor la norma ninguna familia tendrá que copagar por este servicio, como actualmente ocurre en algunos centros, que era una de las demandas de las federaciones de asociaciones de padres y madres.

ALTA PARTICIPACIÓN

El nuevo decreto dotará de mayor seguridad y estabilidad financiera a las familias y entidades que prestan el servicio, según el Ejecutivo regional y "al ser reconocido como un derecho universal, las familias tendrán seguridad jurídica y la capacidad de reclamar lo que les pertenece".

En cuanto a la alta participación con la que contará el nuevo decreto, el pasado viernes se informó al Consejo Regional de Servicios Sociales, al Consejo Regional de Personas con Discapacidad y al Consejo Regional de Familia e Infancia.

Posteriormente se remitirá para su informe a las distintas consejerías, y en concreto la secretaría General de Transparencia, Participación y Portavoz canalizará la consulta ciudadana; al Consejo Regional de Cooperación Local, Consejo Escolar de la Región de Murcia, Consejo de Salud de la Región de Murcia, Consejo Económico y Social y Consejo Jurídico, cuyas aportaciones enriquecerán y mejorarán el proyecto de decreto que ahora inicia sus trámites, antes de la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno.