En la iniciativa, consultada por Europa Press, el PSOE insta al Gobierno a seguir trabajando junto con las comunidades autónomas para crear en España un mercado agroalimentario "transparente y sostenible", y la puesta en marcha de un plan de difusión del contrato de compra-venta para promover su uso y éste regule los aspectos tan importantes como el precio, las condiciones de pagos y entrega, o las consecuencias de incumplimiento del contrato por algunas de las partes.

El término de la 'venta a resultas' se refiere a aquella que se realiza sin que el agricultor y el comprador pacten un precio de antemano. Es decir, "los vendedores entregan la mercancía a los compradores sin conocer el precio y hasta que el comprador no vende el producto a un tercero no se liquida la deuda ni se fija el importe", señalan los socialistas en la iniciativa.

"Esta forma de proceder tan profundamente arraigada en el campo español, aunque hoy es ilegal, sigue teniendo consecuencias desastrosas para los agricultores españoles, por la falta de estabilidad para el sector e inseguridad jurídica, y al final suelen obtener liquidaciones por sus productos infinitamente más bajas de lo esperado y deseado", han precisado desde el PSOE.

La Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para la mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se puso en marcha con la finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebracion de la cadena alimentaria, y así aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores.

En la ley se establece esta obligación de llevar a cabo contratos comerciales para las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es inferior a 2.500 euros. El PSOE manifiesta que "la ley está, pero en la práctica, el grado de contractualización en el sector agroalimentario sigue siendo bajo".

Al respecto, se refieren a organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA, que se han unido para promover en el sector la compraventa de fruta a través del uso del contrato, indicando además que las comunidades autónomas ha incidido en ello, ya que se observa que aún queda mucho recorrido hasta ser utilizado en todas las operaciones de compra-venta agrarias.

"IMPORTANTE MERMA DE RENTABILIDAD"

Del mismo modo, inciden desde el PSOE que está comprobado que la 'venta a resultas' de fruta ha supuesto "una importante merma de rentabilidad de los fruticultores en los últimos años", indicando además que este sistema, "impuesto por determinados intermediarios del sector de la fruta, hace que los agricultores se sientan indefensos ante estos agentes".

Por ello, los socialistas consideran que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, "tiene que actuar de forma contundente para proteger los derechos de agricultores y consumidores, que se está viendo maltratados".

"Muchos productores de frutas están a merced de los intermediarios y se ven obligados a seguir practicando esta práctica de 'venta a resultas'", lo que también supone, en muchas ocasiones, que "los consumidores encuentren en los lineales de algunas cadenas de distribución una fruta de más baja calidad".

SEGUIR AVANZANDO

La publicación el 18 de diciembre de 2015 del Código de Buenas Prácticas mercantiles en la contratación alimentaria ha avanzado en la cooperación, se adhirieron más de 78 entidades, pero el PSOE sostiene que "hay que seguir avanzando para que la transparencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria sea fundamental para que el sector agroalimentario sea rentable".

Por ello, aboga por que el Ministerio de Agricultura "controle tanto la fruta que se comercializa en España como la que se exporta, para aportar transparencia a un mercado en el que hay especulación, que es lo que está detrás de los precios bajos en origen, a pesar que el producto sea muy demandado tanto fuera como dentro del país".

En este punto, recuerdan que los últimos ataques que se ha llevado a cabo en Francia a productos españoles "han sido utilizado para bajar los precios a los fruticultores, como lo denunciaban los agricultores franceses y españoles".