Día de actividad intensa este jueves del fiscal anticorrupción José Grinda quien, acompañado de miembros de la Guardia Civil, se han personado en el Parlament, en la Generalitat, en el departamento de Justicia y en el Centre de Telecomunicacions de Catalunya (CTTI) para recopilar información muy concreta sobre el ex conseller de Justicia, ex secretario del Govern en época de Artur Mas y diputado Germà Gordó.

Una operación que ha llevado a cabo a instancias del juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga el caso del 3% sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de la antigua Convergència.

Aunque a primera hora de la mañana desde el Govern apuntaron que los agentes no pudieron entrar en la Generalitat porque el nuevo conseller de Presidencia, Jordi Turull, les había plantado cara, finalmente ha quedado claro que la Guardia Civil no tenía intención de entrar –porque no se trataba de un registro– sinó que buscaban información muy concreta (la agenda de Germà Gordó) que finalmente se le ha entregado a los agentes.

El fiscal Anticorrupción José Grinda ha entrado hacia las 12.26 horas de este jueves en el Palau de la Generalitat, donde agentes de la Guardia Civil han esperado a que el Gobierno catalán les facilite la documentación requerida por el juez que investiga al exconseller Germà Gordó por el caso del 3 %. Efectivos de este cuerpo policial también han entrado en el Parlament de Cataluña, entre otras sedes institucionales, para requerir datos informáticos relacionados con el caso, sobre presunta financiación ilegal de CDC.

Grinda ha accedido al Palau de la Generalitat por la puerta principal, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, procedente del Parlament, donde había acudido previamente junto a la Guardia Civil para acceder al correo electrónico corporativo de Gordó en la Cámara catalana. En concreto, el juez ha requerido el libro de visitas y la relación de apoyo administrativo de Gordó en su etapa como secretario del Govern, entre 2010 y 2012.

El fiscal Grinda también ha acudido a primera hora de la mañana a las dependencias de la Consellería de Justicia, donde agentes de paisano de la Guardia Civil han requerido al departamento el registro de entradas y la agenda de Gordó durante su etapa al frente de esta Consellería, entre 2013 y 2016.

La Guardia Civil ha abandonado poco antes de las 12 horas de este jueves el Parlament, adonde ha acudido para requerir información sobre el diputado no adscrito de la Cámara catalana, Germà Gordó, y ha copiado información de su correo electrónico.

Los agentes han requerido información sobre Gordó, dentro de la investigación del caso de supuestas comisiones cobradas por CDC a empresarios a cambio de adjudicaciones.

Unos ocho o nueve agentes del Instituto Armado, encabezados por el fiscal anticorrupción José Grinda, han estado en las dependencias parlamentarias aproximadamente una hora, entrando al Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

Según fuentes de la investigación, la intención de los agentes era tener acceso al correo electrónico de Gordó y, como los diputados no tienen ordenadores de sobremesa sino portátiles, decidieron que no era necesario entrar en el despacho del exconseller.

La Guardia Civil actúa a requerimiento del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos, dentro de la investigación abierta a Gordó por el caso de presuntas comisiones cobradas por CDC a empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

El caso se mantiene bajo secreto de sumario, y Gordó --exconseller de Justicia y exsecretario del Govern-- está citado para declarar el próximo lunes como investigado por esta causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Recordar que en una rueda de prensa el martes, tras conocerse la citación judicial, el también exconseller de Justicia de la Generalitat aseguró que "nunca" se reunió con empresarios para conseguir que hiciesen donaciones a CDC, formación que dejó al iniciarse la investigación pero ha continuado como diputado no adscrito.

La Guardia Civil también se ha presentado en la Consellería de Justicia y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.

En el Departamento de Justicia se han personado cinco guardias civiles de paisano así como en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, con requerimientos judiciales para reclamar información relacionada con la causa del 3 % que afecta a Gordó.

El departamento de Justicia no conserva ningún registro de visitas de la etapa en que el conseller era Germà Gordó, investigado en el caso del 3 %, por lo que sólo podrán entregar a la Guardia Civil una copia en papel de los actos públicos y de protocolo en que participó entre 2013 y 2016.

Los responsables de Justicia no han podido entregar a la comitiva de la Guardia Civil el registro de visitas en la consellería durante la etapa de Gordó ni su agenda, como el TSJC les solicitaba, dado que no constan archivos de esas características.

Con la llegada del republicano Carles Mundó al frente de Justicia, en sustitución de Gordó -actualmente diputado no adscrito en el Parlament tras abandonar el grupo de JxS por su imputación en el caso del 3 %-, la consellería empezó a elaborar un registro de visitas al departamento, según las fuentes.

El exconseller de Justicia está citado a declarar, precisamente, el próximo lunes como investigado por esta causa ante el magistrado del TSJC Carlos Ramos, por su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones, en el marco del llamado "caso del 3 %" que abrió un juez de El Vendrell (Tarragona).

El TSJC abrió una investigación a Gordó, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, después de que el juez de El Vendrell, que mantiene como investigados a cargos de CDC no aforados, apreciara indicios de su participación en la trama de presunto pago de comisiones.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos ha ordenado a la Guardia Civil acudir a la Generalitat a requerir las agendas y correos electrónicos del exconseller de Justicia Germà Gordó, en el marco de una pieza separada abierta del caso 3 % que está declarada secreta.

Según fuentes jurídicas, Ramos, que mantiene citado a Gordó para que declare como investigado el próximo lunes, ha abierto dicha pieza secreta para acordar varias diligencias de investigación, entre ellas los requerimientos de información relativa al exconseller que se guarda en el Parlament y en la Generalitat.

El magistrado del TSJC ha ordenado esas nuevas diligencias después de que el juez de El Vendrell (Tarragona) que abrió la causa del 3 %, de presunta financiación ilegal de CDC, intentara sin éxito que la Secretaría de Govern de la Generalitat le facilitara la agenda oficial de la época en que esa área la dirigía Germà Gordó, entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012.

La Secretaría de Govern contestó al juez instructor que dicha agenda oficial no constaba en su archivo, y que no había sido posible recabar la información de la misma en formato electrónico, "al desconocerse cuál era el buzón de correo en que era llevada y haberse eliminado el buzón del servidor departamental debido a una migración de datos", según el auto en que el TSJC acordó en junio abrir una causa a Gordó.

El TSJC decidió investigar a Gordó por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos, después de que el juez de El Vendrell le detallara los indicios que, en su opinión, apuntan a que el exconseller medió en el presunto pago de comisiones al extinto partido.

El juez de El Vendrell había solicitado en una primera ocasión al TSJC que abriera una investigación a Gordó, pero el alto tribunal catalán lo desestimó, al considerar imprecisos los indicios de su supuesta participación en la trama del 3 % e "intrusivas" las entradas y registros en su domicilio y su despacho que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

Por ese motivo, el TSJC devolvió su exposición razonada al juez para que la concretase apenas unos días antes de que se desplegara la operación "Pika", en la que el pasado 2 de febrero la Guardia Civil detuvo a 18 personas por su presunta relación con el pago de comisiones a CDC, entre ellos el presidente del puerto de Barcelona Sixte Cambra y el exconcejal de CiU Antoni Vives.

Varios de los detenidos en esa operación declararon posteriormente como investigados ante el juez de El Vendrell, donde algunos empresarios admitieron que utilizaban en sus comunicaciones nombres claves como "Gerardo" o "Gregorio" para referirse a Gordó.

El TSJC cree ahora que sí hay indicios de que el exconseller de Justicia consiguió presuntamente que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros en 2012 a las fundaciones Catdem y Fòrum a cambio de una adjudicación del Consorci d'Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.

El exconseller, cree el TSJC, también intervino supuestamente en la adjudicación de dos contratos por 39,6 millones de euros por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona a una UTE integrada por las empresas Copisa, COMSA, ACSA y Benito Arnó.

Estas adjudicaciones se habrían hecho "después de haber negociado personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y de las entregas" con el consejero delegado de Copisa, Xavier Taulell, según sostiene el TSJC en su auto.

Del mismo modo, según el TSJC, Gordó habría conseguido donaciones de 147.000 euros entre 2014 y 2015 de la empresa Pasquina a cambio de adjudicaciones por un proyecto de 2,5 millones de euros y otros 7,6 millones por parte del Departamento de Territorio.

El exconseller, igualmente, obtuvo supuestamente, según sospecha el instructor, diversos regalos personales de la empresa Oproler a cambio de adjudicaciones aprovechando su relación personal y política con Josep Manuel Bassols, esposo de la magistrada del TSJC Núria Bassols, que fue comisionada de Transparencia de la Generalitat con Artur Mas.

Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conseller de Justicia entre 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA)