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Ayuntamientos se oponen a las enmiendas al proyecto de Ley de Contratación Pública que atacan "la autonomía municipal"

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (EUROPA PRESS)
  • Los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Huesca, A Coruña, Santiago, Cádiz, Valencia, Valladolid y Terrassa han advertido de que varias enmiendas presentadas por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y Ciudadanos (Cs) al proyecto de Ley de Contratación Pública "atentan contra la autonomía local". En concreto, "pone impedimentos a los diferentes procesos de municipalización que se están llevando a cabo".

Las enmiendas presentadas por estos dos partidos proponen la modificación de varias leyes, como la Ley de Bases del Régimen Local y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 del 18 de abril con la intención de hacer preceptivo en los procesos de remunicipalización un informe del órgano competente en materia de la defensa de la competencia, un documento que sería de obligatorio cumplimiento en caso de monopolio del servicio.

También pretenden que sólo se puedan hacer estas internalizaciones en caso de que no existieran limitaciones o restricciones de tipo presupuestario en relación al incremento del número de empleados públicos o de la masa salarial.

Además, las enmiendas tratan de hacer que fuera necesario modificar la relación de puestos de trabajo de la empresa/administración que subroga, que los lugares que se crearan fueran de carácter indefinido y que su cobertura se convocara con carácter previo a la finalización de los contratos; que o bien el Ministerio de Hacienda o bien las Comunidades debieran visar las remunicipalizaciones y que esta norma tuviera carácter retroactivo.

Para los consistorios, estas enmiendas buscan añadir burocracia a los procesos de municipalización. Al mismo tiempo, provocar que los procesos queden en manos de los organismos competentes en materia de la defensa de la competencia, especialmente en los casos de monopolio del servicio.

Quedarán también supeditados al visado de otras administraciones y la incorporación de los trabajadores subrogados se hará teniendo un impacto en la tasa de reposición y, por tanto, consumiendo oferta pública, "ya de por sí limitada por las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos del Estado".

PARALIZAR LOS PROCESOS

Las enmiendas que presentan estos dos partidos políticos buscan "paralizar los procesos de internalizaciones, ya que en las Leyes de Presupuestos contemplan siempre limitaciones en el incremento de las plantillas y en la masa salarial".

También pretenden obligar a convocar como indefinidas plazas de cobertura temporal. Este redactado establece el carácter retroactivo de las medidas, esto significa que se obligaría a rehacer, y previsiblemente anular, procesos de internalización ya finalizados.

En definitiva, estas enmiendas tienen como objetivo "vaciar de contenido la autonomía local, quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de decisión en manos del Estado o la Comunidad autónoma".

"También subordinan los derechos de los trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a acceder a servicios públicos de calidad", ha aseverado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

QUE SEAN RETIRADAS

Por este motivo, los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Madrid, A Coruña, Santiago, Cádiz, Valencia,

Valladolid y Terrassa piden que estas enmiendas sean retiradas para mantener la autonomía municipal.

Esta nueva reivindicación de la autonomía local se lleva a cabo

después de que el pasado 17 de mayo varios consistorios ya presentaran una declaración municipalista para alertar de las amenazas que suponía a la autonomía local y la financiación local del entonces proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2017.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, recalcó que "las dificultades con las que nos encontramos los ayuntamientos para devolver a la gestión pública los servicios que prestamos a la ciudadanía, es enorme. Por contra existe una gran facilidad para su externalización. La norma debería ser lo público y la excepción su privatización".

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