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Sucesos.- Aumentan los detenidos por hacer contratos de alquiler falsos para reagrupaciones familiares

  • El número de detenidos por la Policía Nacional tras la desarticulación de una compleja organización criminal dedicada a la falsificación de contratos de alquiler de viviendas en Punta Umbría (Huelva), con el objetivo de lograr reagrupaciones familiares fraudulentas de ciudadanos extranjeros y favorecer la inmigración ilegal en España, ha aumentado hasta la docena, según han informado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno.

De este modo, el pasado mes de junio fueron detenidas nueve personas y ahora ese número ha aumentado hasta la docena debido al avance de las investigaciones, tal y como ha adelantado la cadena SER. A su vez, desde la Subdelegación inciden en que no se descartan nuevas detenciones.

Hay que recordar que, según informó la Comisaría Provincial en una nota de prensa, el fraude consistía en la presentación de contratos falsos de alquiler ante las administraciones de Punta Umbría (Huelva) para conseguir la tramitación de reagrupaciones familiares ilegalmente.

Las investigaciones se iniciaron cuando el Ayuntamiento y la Policía Local de Punta Umbría comprobaron que personas que solicitaban su inscripción en el padrón municipal no residían en los domicilios alegados, circunstancia que pusieron en conocimiento de la Oficina Única de Extranjería de Huelva, donde se tramita la documentación de los ciudadanos extranjeros de la provincia de Huelva.

La documentación obtenida tras las diversas gestiones, y su estudio y análisis, lograron la identificación de varios responsables de la red, habiendo sido detenidas hasta ese momento, un total de nueve personas -siete marroquíes, un brasileño y un español-, al comprobarse que confeccionaban contratos de alquiler falsos, que presentaban ante las diferentes administraciones, para lograr de manera fraudulenta el empadronamiento.

Así, indicaron que el objetivo de los detenidos era simular que un ciudadano extranjero con permiso de residencia vivía en un determinado domicilio, con lo que podía instar y facilitar la llegada y establecimiento a España, de manera aparentemente legal, de sus familiares residentes en el extranjero, y solicitar para ellos los correspondientes permisos de residencia. Esta figura jurídica se conoce con el nombre de reagrupación familiar.

La adquisición de los contratos falsificados estaba sometida a un pago, que debía abonar el solicitante al facilitador. Señalaron que se da la circunstancia de que el principal responsable de la trama, A.E.E., de nacionalidad marroquí, se encontraba actualmente en prisión por otra causa diferente. Así las cosas, las diligencias policiales se trasladaron al Juzgado de Instrucción número dos de Huelva para su tramitación.

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