Según censuran, "negarlo es una irresponsabilidad política que tendrá graves consecuencias, algunas de las cuales ya son más que evidentes especialmente en Ibiza". "El Govern, y no consells y ayuntamientos, es el que tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia", aseguran.

De esta manera, dicen que la ley que regula una oferta que en los últimos años "se ha desbocado completamente": "El alquiler turístico de viviendas" y recuerdan que desde el GOB han solicitado en "reiteradas ocasiones una moratoria de nuevas licencias y nuevas autorizaciones".

Además, han hecho hincapié en su petición de una "dotación suficiente" para la inspección y control de toda la oferta ilegal, "concentrada especialmente en la comercialización turística de pisos (plurifamiliares) en Palma" y una "paralización y control de la oferta dispersa" dentro de suelo rústico, "el gran olvidado del debate sobre la necesidad de detener la proliferación del alquiler turístico de viviendas".