El Consejo de la Transparencia ha remitido una carta oficial con su queja dirigida a la consejera de Transparencia y Buen Gobierno, Noelia Arroyo. Según Molina, el cese, o la no renovación de la comisión de servicio al funcionario que se ocupaba de la dirección de la Oficina, se ha producido porque se han elaborado informes "muy duros" como el de Sanidad o el del portal de la Transparencia. "Como a mí no me pueden cesar, han cesado al más débil", ha recalcado.

A su juicio, "hay quien quiere (en alusión al Gobierno regional) que la transparencia sea como un bonsai de adorno, pero nosotros queremos fertilizar y cambiar la Región", ha apuntado mostrando su compromiso y el de todos los que forman parte del Consejo de la Transparencia en que eso sea así.

Además, ha denunciado que se ha producido un "abuso de poder" contra una institución que es independiente y que tiene por ley la obligación de controlar al poder, "no puede ser que quien tiene que ser controlado termine controlando al organismo que ejerce esta función".

Por otro lado han solicitado que se reforme cuanto antes la ley de Transparencia y Buen Gobierno para dotar al Consejo de personalidad jurídica propia y de competencias en el ámbito municipal, así como de facultades de gestión y control.

"De momento no tenemos la facultad de control, solo de emitirrecomendaciones sobre lo que se debe hacer", ha explicado apuntando a que este organismo debe tener facultades de control y potestades sancionadoras. Incluso ha manifestado que algunos ayuntamientos han solicitado también que el trámite de modificación de la ley se realice por la vía de urgencia.

Ha criticado que se quiera vender la transparencia como el cumplimiento de unos rankings. "El Gobierno más transparente es el que mira por sus ciudadanos, hay que publicar todas las decisiones, incluso las que no se quieren que se sepan", ha dicho puntualizando que actualmente están en la batalla de "abrir las administraciones" y de formar a los funcionarios en esta cuestión.

"Cuando una comunidad autónoma adquiere las competencias en materia de transparencia, el Estado se desengancha, tenemos uyna ley imperfecta", ha continuado. Molina ha manifestado que este año han recibido 61 reclamaciones de ciudadanos, lo que equipara a la Región a la Comunidad Valenciana. Desde el año 2015 se han multiplicado las reclamaciones ciudadanas en un 600%, razón por la que solicitan "más medios".