La Fiscalía pedía para cada uno dos años de cárcel, tres años en el caso de la acusación particular, por las supuestas irregularidades de un contrato marco de la EMA.

Junto a ellos se juzgó a un empresario de una de las empresas beneficiadas, Suymcoplas, y a los dos apoderados de la otra adjudicataria del contrato, Aldesa.

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