La crisis del sector de autobuses se centra ahora en la negociación colectiva entre sindicatos y patronal, después de los avances registrados en los últimos días entre los representantes de los trabajadores y la Xunta por el plan de reordenación del mapa de líneas, y pese a la falta de diálogo a día de hoy entre la Consellería de Infraestruturas y las tres federaciones más beligerantes en su oposición al documento.

Así las cosas, este miércoles Galicia afronta su octava jornada de huelga -empezó el día 20 de junio- y la que será la víspera de un paro indefinido, si no lo impide algún avance en las próximas horas, que entre centrales y empresarios está lejano.

Y es que la reunión entre UGT, CC.OO. y CIG y representantes de las compañías este martes en Santiago se saldó sin acuerdo, y con la propuesta de la patronal de llevar la negociación a las mesas provinciales.

Los convenios tienen carácter provincial, y las federaciones alegan que las circunstancias son muy heterogéneas entre Pontevedra, A Coruña, Ourense y Santiago. Sin embargo, los sindicatos exigían partir de un acercamiento o aceptación por parte de las empresas de sus demandas a nivel gallego, que se centran, fundamentalmente, en la revisión salarial de los profesionales.

En este escenario, la consellería llegó este lunes a un acuerdo de garantías sociolaborales con UGT y CC.OO. -la central nacionalista se desmarcó y este punto provocó discrepancias en las asambleas desarrolladas a primera hora del día-.

Ya el martes, la titular del departamento, Ethel Vázquez, anunció la publicación en internet de los 41 contratos correspondientes a la primera fase del plan -relativas a unas 570 líneas a las que renunciaron las compañías-. Este martes, la licitación será recogida por el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El inicio del procedimiento de contratación de estas nuevas concesiones para el transporte de viajeros por carretera fue autorizado ya el pasado jueves por el Consello.

CONFLICTO

El conflicto se retrotrae a marzo de 2016, cuando el Tribunal Supremo anuló la prórroga de las concesiones de autobuses de línea regular que el Gobierno gallego impulsó en 2009.

Ahora que debe volver a adjudicar la mayor parte de las concesiones, la Administración autonómica pretende también reestructurar buena parte de las líneas, con una integración del transporte escolar en el regular en zonas del rural donde el servicio es deficitario.

Este es el punto que inicialmente motivó los principales recelos por parte del sector, que temía una pérdida de puestos de trabajo y del negocio con los planes de la Xunta. El primero de los miedos es el que ha motivado la cláusula de subrogación y el documento de garantías sociales acordados entre el Gobierno gallego y las centrales.