La CNMC recurre en el Supremo el decreto que restringe la actividad de Uber y Cabify

Uber
Vista de un teléfono móvil donde anuncia el servicio de la empresa Uber. (EFE)
  • Competencia considera que la normativa aprobada por el Gobierno en 2015 que regula los vehículos de alquiler con conductor es "desproporcionada".
  • La CNMC entiende que la regulación "impone al alquiler de vehículos con conductor requisitos inneesarios en beneficio del sector del taxi".
  • Los taxistas interpretan este recurso como un "ataque" al sector.

La guerra abierta entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el gremio del taxi viene de lejos y esta semana ha sumado un nuevo capítulo a su historia. Este organismo regulador interpuso en 2016 un recurso contencioso-administrativo en contra del Real Decreto 1057/2015 aprobado por el Gobierno por el que se regulan los vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Cabify y Uber.

Lo hizo ante la Audiencia Nacional porque consideró que ese decreto incluía una serie de restricciones a la competencia en el sector del transporte que no afectan, no obstante, al taxi. Pero el tribunal con sede en Madrid instó al organismo a que elevara su demanda al Tribunal Supremo.

Y la CNMC lo ha hecho este lunes, al recurrir en el alto tribunal el decreto de 2015. Así, se inicia un proceso judicial con dos bandos diferenciados. Por un lado la CNMC, Uber, Unauto y Cabify; y por otro, el Ministerio de Fomento, Fedetaxi y varias asociaciones del gremio.

Competencia presentó el recurso con los mismos argumentos de hace un año sobre la mesa: entienden que la regulación de 2015 "impone al alquiler de vehículos con conductor requisitos innecesarios y desproporcionados, que encubren razones de naturaleza económica, en beneficio del sector del taxi". Y por ello, Competencia pide que el Supremo declare la nulidad de tres apartados del artículo. En concreto, los que se refieren a las licencias (artículo 1), a la captación de clientes (artículo 2) y a la delimitación territorial (artículo 5).

¿Qué dice el Decreto y qué quiere cambiar Competencia?

El Real Decreto —que no se refiere directamente a Uber ni a Cabify, puesto que solo son plataformas que intermedian entre las empresas de VTC y los pasajeros— regula la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor. Con él, el Gobierno limitó desde 2015 que los servicios de coche con chófer (a excepción de los taxis) puedan recoger a pasajeros en la calle, de manera que solo trabajen con reserva previa. "Los servicios tienen que ser contratados previamente a la circulación" y se les prohíbe "captar clientes en la vía pública", detalla el documento.

La CNMC se opone a esto, así como a la regulación que limita a una por cada 30 de taxis el número de licencias para coches con VTC, aunque las asociaciones de taxistas aseguran que esta proporción no se cumple. Y también, al artículo cinco, que delimita territorialmente la actividad de los VTC en tanto que refleja que el 20% de los recorridos efectuados trimestralmente deben realizarse en la comunidad autónoma en que se haya concedido la licencia.   

Un "ataque" para los taxistas

La Federación Española de Taxi (Fedetaxi) interpreta el recurso como un "ataque" al sector del taxi y como un pulso entre los dos bandos. Fedetaxi critica que Competencia utilice la Ley de Unidad de Mercado, una norma que "acaba de sufrir un grave revés ante el Tribunal Constitucional", "para ir contra los taxistas". El Constitucional, en concreto, anuló en junio dos preceptos de la Ley de Unidad de Mercado sobre la eficacia en todo el estado de normas autonómicas.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE), por otro lado, han emitido un comunicado en el que consideran que este organismo "quiere acabar con los derechos que la regulación del transporte ofrece al ciudadano".

El presidente de FPTM y de CTAE, Julio Sanz, ha recordado este martes que la regulación del transporte existe para "garantizar los derechos de sus usuarios" y ha asegurado que la CNMC "quiere dejar desprotegidos a los ciudadanos frente a empresas que ofrecen un servicio únicamente movidas por intereses económicos, como Uber y Cabify". Sanz ha insistido en la importancia de que todos los servicios que ofrecen servicios de transporte de viajeros estén regulados para evitar que "cualquiera pueda coger un coche y dedicarse a trasladar personas, con los riesgos que todos entendemos que eso supone".

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