Junta confía en "el buen criterio" del TSJCM ante el recurso al PDR de Cabañeros y Comarsur y PP denuncia "politización"

  • TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional se muestra confiado en el "buen criterio" del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra los recursos presentados a la selección de grupos de acción local en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha por las asociaciones Concejo de la Mancomunidad de Cabañeros y la de la Comarca Sur de Guadalajara (Comarsur), mientras que el PP afirma que "seguramente" los tribunales den la razón a estas asociaciones por su exclusión de este programa, que achacan a "la politización" del proceso.

Este ha sido el tema que ha centrado la Comisión de Agricultura celebrada este martes en las Cortes regionales, donde el director general de Desarrollo Rural de la Junta, Javier Carmona, ha explicado los criterios de selección de la convocatoria de 2016 para formar los 29 grupos de acción local que promueven las estrategias a través del enfoque LEADER y que excluyó a las dos citadas asociaciones, que se encuentren inmersas en un proceso judicial contra esta decisión.

Carmona ha señalado la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural "siempre ha actuado cumpliendo la normativa", y ha explicado que la exclusión de estos dos grupos se debe a que el de Cabañeros "no llegaba a los 5.000 habitantes, que es la población mínima que se exige para la selección de este tipo de grupos" y que el de Comarsur "no alcanzaba el 50 por ciento en el número de ayuntamientos".

"Las normas están para cumplirlas", ha aseverado Carmona, que ha alentado a la diputada del PP Lola Merino a "no adelantarse a las decisiones judiciales" respecto a este proceso que fue admitido a trámite en el mes de diciembre de 2016. No obstante, Carmona ha puntualizado que la Junta "acatará la sentencia del TSJCM, como no puede ser de otra manera".

"SECTARISMO POLÍTICO"

En cambio, la diputada 'popular' ha señalado que la exclusión se producido por "el sectarismo político" en el proceso de selección de los mismos, ya que estas dos asociaciones, que llevaban "20 años trabajando en la aplicación del desarrollo rural y en la ejecución de fondos", estaban presididas por dos alcaldes del PP. "Es muy probable que les den la razón" y que los 127 millones de euros que gestionan "tengan que repartirse de nuevo", ha agregado.

"Esto ha sido lo que ha llevado a su expulsión", ha incidido Merino, que ha recriminado que "a finales de 2015, antes de que saliera la convocatoria" para la selección de estos grupos de acción local, "ya se recoge que estos dos grupos no iban a salir". "Les pidieron a los alcaldes que formaban parte del de Cabañeros que se salieran de ese grupo para eliminarlo", ha afirmado.

También, Merino ha señalado que el Gobierno regional "no ha ejecutado ni un euro de los 35 millones de euros presupuestados para el programa LEADER", a través del cual se gestionan los fondos de desarrollo rural que manejan estos grupos de acción local, los cuales, a su parecer, están "paralizados por la falta de la aplicación informática obligatoria para poder dar de alta todo el sistema".

REDES "CLIENTELARES" EN LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

De su lado, el diputado regional de Podemos David Llorente ha lamentado que "las redes clientelares y partidistas desvirtúan el desarrollo local participativo" ya que, a su parecer, "prevalecen intereses particulares y cortoplacistas" en las estrategias de estos grupos de acción local.

"Compartimos el enfoque LEADER, que promueve la participación de la sociedad civil en el desarrollo local, pero la realidad es que las políticas de desarrollo rural no han sido efectivas y no han producido los resultados esperados", ha insistido.

Aunque ha reconocido "ciertos avances" en el enfoque político llevado a cabo por la actual Consejería en este ámbito, Llorente ha denunciado "la falta de transparencia" y de "rigor" en el proceso de selección del equipo técnico del grupo de acción local de Molina de Aragón (Guadalajara), por lo que ha abogado por "superar las malas prácticas y promover verdaderamente la participación local necesaria".

El diputado de la formación morada ha sostenido también que, a pesar del "correcto diagnóstico" de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 y el Real Decreto de 2010, es "necesario reactivar" la legislación existente.

"FALTA LA APORTACIÓN DEL ESTADO"

Por su parte, el diputado regional del PSOE Emilio Sáez ha afirmado que la falta de la aplicación informática es "un problema menor" que estará solucionado en el mes de septiembre y ha criticado "la falta de aportación del Estado al PDR, que ha mermado en 228 millones de euros".

Asimismo, ha reivindicado las diferencias entre el PDR anterior (2007-2013) y el actual (2014-2020), del que ha destacado de este último que se puedan presentar proyectos para potenciar la comercialización de productos agrícolas en industrias que "estaba fuera de poder ser financiado por el proyecto LEADER", o la financiación de microempresas y pymes, una medida "importante ya que en las zonas rurales hay pocas empresas importantes".

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