Piden un año de inhabilitación para un abogado por apropiarse de más de 10.000 euros de un cliente

  • La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un abogado acusado de apoderarse de más de 10.000 euros de una empresa que lo había contratado como letrado y que decidió finalizar la relación laboral con él por desavenencias entre ambos. La vista oral está señalada para este martes, 11 de julio, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El acusado, en su condición de letrado en ejercicio, asistió a la mercantil Martín España SA, con domicilio social en Oviedo, en diversos asuntos profesionales y procedimientos judiciales. Por desavenencias surgidas entre la mercantil y el acusado, el 20 de junio de 2013 cesó la relación profesional entre ambos.

Uno de los procedimientos, que el acusado inició pero que no llegó a finalizar, contra la Administración-Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, finalizó con resolución en la que se acordó que esta última abonara a la mercantil un total de 10.144,92 euros.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 23 de julio de 2013, el acusado recibió una llamada de teléfono de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, ya que en el expediente administrativo constaba aún su número de teléfono, en la que le solicitó que le facilitara una cuenta bancaria donde abonar el dinero.

El acusado, a sabiendas de que ya no ejercía como letrado para la entidad, facilitó mediante un correo electrónico que dirigió al Servicio de Salud un número de cuenta corriente a nombre de su hijo. El Servicio de Salud de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en la creencia de que esa cuenta pertenecía a la empresa, procedió en fecha 30 de julio de 2013 a realizar un ingreso de 10.088,19 euros y, en fecha 25 de Septiembre de 2013, un ingreso de 56,73 euros.

El acusado se apropió de estas cantidades, negándose a reintegrarlas a pesar de las conversaciones que mantuvieron y los requerimientos efectuados. No consta que el hijo del acusado tuviera conocimiento ni participación en estos hechos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa del artículo 249.1 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado durante el tiempo de condena, abono de las costas procesales y pago de una indemnización a la mercantil de 10.144,92 euros, más los intereses legales correspondientes.

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