Según ha explicado el subdelegado en un comunicado, "no es admisible" que la situación haya llegado a estas alturas del año sin solucionarse, "cuando en los demás municipios gaditanos no se ha dado esta problemática", según ha apostillado Muñoz, que ha subrayado que las competencias no recaen en Costas, sino en la Junta de Andalucía, "porque los títulos de las concesiones y las autorizaciones los otorga la Junta, y, en caso de permanecer las terrazas no autorizadas, la Junta tiene la responsabilidad de actuar".

Del mismo modo, respecto a la postura de la administración autonómica de que una vez finalizada la autorización provisional otorgada por ella las competencias recaen en Costas, han afirmado que "no es así, dado que se trata de un título otorgado por la Junta en virtud de las competencias transferidas en 2011". El trámite completo de los títulos otorgados por la Junta de Andalucía competen a esa administración desde el otorgamiento a la caducidad, incluso la recuperación posesoria.

"En ningún caso a Costas, que sólo tiene competencia sancionadora en ocupaciones que se hayan llevado a cabo sin ningún título previo que lo autorice", ha añadido el subdelegado del Gobierno de Cádiz.

Por lo tanto, ha detallado Muñoz, "al haber estado estas terrazas amparadas por una autorización provisional otorgada por la Junta de Andalucía, corresponde a esta administración todo lo relativo a estas ocupaciones".

Cuando se aprobó el nuevo reglamento de Costas, que permite terrazas mayores que la norma anterior, el año pasado ya hubo contactos de la Demarcación de Costas con la Junta de Andalucía con el fin de establecer los procedimientos necesarios para llevar a cabo las modificaciones de las concesiones vigentes, según explican desde la Subdelegación.

El nuevo reglamento establece que cualquier modificación de un título que suponga una alteración superior al diez por ciento de su superficie deberá tramitarse como una modificación sustancial de la concesión.

Por ello, se acordó tramitar para todos los chiringuitos de la provincia las correspondientes modificaciones sustanciales entre 2016 y 2017, de modo que para el presente verano todas estuvieran resueltas. Y mientras se resolvían en ese periodo, se acordó otorgar autorizaciones provisionales en precario por un año.

Así, el delegado ha apostillado que "en todos los municipios se ha gestionado la modificación sustancial de igual manera salvo en el de Cádiz, al considerar su Ayuntamiento que tendrían problemas con las adjudicaciones a terceros al introducirla, al entender que alteraría las condiciones de licitación".

Por ello, Agustín Muñoz sostiene que, teniendo conocimiento la Junta de Andalucía de estos casos, "no se entiende que no haya articulado con el Ayuntamiento gaditano las modificaciones necesarias, como ha sucedido con el resto de municipios a través de la modificación sustancial de las concesiones", por lo que ha afirmado que la administración autonómica "es consciente de lo que está pasando y no pone remedio, junto al Ayuntamiento de Cádiz, que tampoco se adapta a la normativa de Costas como el resto de municipios", ha concluido.