El acusado, en prisión provisional comunicada y sin fianza por riesgo de fuga, fue detenido por estos hechos el pasado 5 de noviembre en el Puerto de Santander.

Según relata el fiscal en su escrito, el acusado fue retenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el control de viajeros de llegada del transbordador que cubre la línea Plymouth-Santander "dado que disponían de información sobre su pretensión de introducir droga en territorio nacional a través de esa vía.

La operación se inició cuando, en el marco de una investigación sobre un grupo organizado dedicado al tráfico de sustancias psicotrópicas, la Policía Nacional, con la colaboración del NCA británico, supo de la llegada al Puerto de Santander de una partida de pastillas de MDMA (éxtasis), oculta en un vehículo que venía a bordo del ferry procedente de la ciudad inglesa de Plymouth.

Los investigadores localizaron en el interior del ferry un convoy conducido por este ciudadano británico, compuesto por un vehículo que a su vez transportaba una furgoneta, y que a los agentes les resultó sospechoso.

Tras la inspección de ambos se halló en el portón trasero del vehículo una caleta (hueco habilitado para transportar sustancias ilícitas), en cuyo interior se ocultaban 15.954 comprimidos de MDMA, según la información a la que tuvo acceso Europa Press.

Las pastillas se encontraban alojadas en el interior de ocho paquetes envasados al vacío y cubiertos por una capa de grasa amarillenta utilizada para dificultar su detección en el control por parte de perros adiestrados. Seis de los envoltorios contenían comprimidos de forma triangular de color verde, otro de color rosa y el último con pastillas amarillas.

Además, en el mismo habitáculo, el detenido transportaba también casi 700 comprimidos falsificados utilizados para la disfunción eréctil, empaquetados en blísteres de diez unidades.

La investigación fue llevada a cabo por la Brigada Central de Estupefacientes, Brigada Provincial de Policía Judicial, Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Santander y Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito contra la salud pública y pide siete años de cárcel para el acusado y la multa de 300.000 euros.

Por su parte, la defensa del acusado niega los hechos tal y como se exponen en el escrito de acusación y asegura que la actuación de su representado no es constitutiva de "delito alguno", por lo que pide la libre absolución.

Está previsto que el juicio se celebre el lunes, a partir de las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.