Pero también siente "indignación", porque el asunto llevó a Gallego a renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados hace nueve meses, y el auto demuestra ahora que "no había nada" y que se trataba de una "cacería política" del PP local y de la Falange Española.

Ambos partidos denunciaron a los ediles socialistas, que estaban haciendo una "gran labor" en el Ayuntamiento con la regidora a la cabeza, con una "trayectoria política sin mácula", ha subrayado Díaz Tezanos.

Al hilo de lo anterior ha valorado el comportamiento "ético" de la exalcaldesa y exdiputada nacional, que fue "más allá" del código ético del PSOE, que establece en la apertura de juicio oral la obligación a renunciar a un cargo.

Sin embargo, como ha recordado la líder de los socialistas cántabros y vicepresidenta autonómica, Gallego dejó su escaño en la Cámara Baja sin ser citada a declarar, en el momento en que se abrió la investigación, con lo que su carrera política "se torció", pero por "una cacería política".

Por eso siente "indignación" Díaz Tezanos, que ha enfatizado que en el partido "teníamos razón cuando decíamos que no había nada". Así las cosas, ha lamentado la denuncia de los 'populares' santoñeses y del edil del Movimiento Falangista, a los que ha recriminado que no se puede tratar de "conseguir en los tribunales" lo que previamente no se ha logrado en las "urnas".

ARCHIVO DE LA CAUSA

La líder del PSC cántabro ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santoña de archivar la causa que llevó a Gallego a renunciar a su escaño en el Congreso, después de que el Tribunal Supremo, -dada su condición de aforada-, decidiera en septiembre del año pasado investigarla por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos durante su mandato como alcaldesa de Santoña.

Tras la renuncia de Gallego y la consiguiente pérdida del aforamiento, la causa retornó al juzgado de Santoña, que nueve meses después ha acordado su archivo en un auto sin fundamentación jurídica y sin que la jueza instructora, que no es la misma que conoció el asunto en 2013, haya siquiera llamado a declarar a la exdiputada.