Así lo han indicado desde la Junta en un comunicado, apuntando que en este encuentro se ha incidido en la preocupación por "el aumento de la siniestralidad en prácticamente todos los sectores laborales", siendo más alto en la construcción, que en el primer trimestre de 2017 ha sufrido un incremento de casi un 40 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Con el objetivo de reducir las cifras de siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo, ambas partes han concluido que es necesaria "una mayor y mejor coordinación" entre Administración y agentes sociales "en el seguimiento, vigilancia y sanción de las vulneraciones de las leyes de prevención de riesgos laborales".

Asimismo, han observado que es muy importante intensificar la comunicación entre las partes implicadas para que "se pueda trasladar un único mensaje de prevención al mayor número de población trabajadora" y a las empresas de la provincia "para que vean la prevención como una inversión y no como un coste añadido".

Ante esto, Ruiz Araújo ha resaltado que "tanto la Junta como los agentes sociales estamos unidos en la lucha por establecer una cultura de la prevención". "Es muy importante vigilar e inspeccionar pero se hace necesario un cambio de hábitos en la sociedad, hay nuevos trabajos y nuevos riesgos para detectar y tratar antes de que ocurra el accidente", ha agregado.

En el primer trimestre de este año en Málaga, el sector de la Agricultura y Pesca ha sufrido un aumento del 36,3 por ciento de los accidentes laborales, la Construcción un 39,9 por ciento y el sector

Servicios, un 8,43 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Sólo la Industria ha descendido cuatro puntos en siniestralidad.

ACTUACIONES DE LA JUNTA

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio abrió el 28 de junio el plazo para que pymes y autónomos puedan solicitar ayudas para la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, una convocatoria en la que la Junta invertirá 3,03 millones de euros, un seis por ciento más de presupuesto que el año anterior.

El plazo de solicitud de estas ayudas se prolongará hasta el 27 de julio y las solicitudes podrán registrarse, de manera telemática, en la web juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/59115.html.

Las ayudas, de entre 1.500 y 18.000 euros, irán destinadas a la compra y renovación de equipos de seguridad laboral, y podrán cubrir hasta el 75 por ciento de la inversión. En total, se prevé beneficiar a alrededor de 300 empresas y autónomos.

La norma reguladora de estas ayudas establece como beneficiarios del programa los sectores de actividad con mayores índices de siniestralidad, como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; la industria manufacturera; la construcción, y el transporte y almacenamiento de mercancías.

Asimismo, en esta convocatoria se priorizarán las solicitudes para proyectos de mejora de la protección en actividades concretas, como las relacionadas con la exposición a sílice para empresas de transformado del cuarzo; agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos; control del ruido en la industria de la madera; implantación de dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria; proyectos de ergonomía participativa, como estrategia para prevenir los trastornos musculoesqueléticos por las cargas físicas en los centros de trabajo; o la mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria.

El programa de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, establece cuatro modalidades de proyectos subvencionables. La primera línea, con incentivos que oscilan entre 2.000 y 18.000 euros, está destinada a incentivar proyectos de mejora de la estructura preventiva propia en la empresa y de formación en seguridad laboral, así como gastos de contratación de técnicos de seguridad.

La segunda modalidad, con cuantías iguales a la anterior, financia la puesta en marcha de proyectos para facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral. Así, se incentivarán tanto los programas específicos para prevenir accidentes que haya sufrido la empresa como el diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, los diagnósticos de riesgos emergentes, los planes de formación específica y los estudios ergonómicos y psicosociales.

La tercera línea recoge ayudas de entre 2.000 y 18.000 euros para la implantación de nuevos equipos y medidas de seguridad. Se subvencionará desde la adaptación hasta la compra de equipos de seguridad en los distintos sectores, incluyendo la sustitución en la construcción de andamios antiguos o defectuosos por otros que se ajusten a la normativa europea, instalaciones para prevenir riesgos químicos, maquinaria y tractores agrícolas y trabajos de transformados de cuarzo.

La cuarta modalidad recoge incentivos de entre 1.500 y 12.000 euros para promover el diseño de iniciativas innovadoras y el desarrollo e intercambio de buenas prácticas preventivas entre las empresas.

En los tres últimos años, estos incentivos han permitido a 550 pymes y autónomos mejorar sus condiciones de seguridad laboral, con una ayuda pública de 5,5 millones de euros. El apoyo de la Junta, han destacado desde el Gobierno andaluz en un comunicado, "ha contribuido a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los puestos de trabajo de más de 4.500 trabajadores".