En la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo de este miércoles, la portavoz del Gobierno navarro, María Solana, ha afirmado que la petición fiscal ha sido una de las cuestiones que se ha tratado en la reunión y ha destacado que "lo que el Gobierno ha valorado en torno a esta cuestión es lo que ya venía valorando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde aquel octubre de 2016 cuando sucede lo que sucede en Alsasua".

Unos hechos que, según ha recordado, el Gobierno de Navarra "condenó inmediatamente, a las pocas horas", si bien ha remarcado que "en todo momento" el Ejecutivo foral también ha dicho y ha defendido que "no entendía lo sucedido en Alsasua como un delito de terrorismo". "Se ha hablado de desproporción y se ha dicho que no se compartía esa estimación, por lo tanto, el Gobierno tampoco hoy comparte la petición de la Fiscalía", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que "esta misma apreciación la ha hecho la propia Audiencia Provincial de Navarra que ha defendido la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo". "Esa es la apreciación más ajustada y entendemos que estos hechos deben ser juzgados en Pamplona", ha sostenido.

Por otro lado, Solana ha recordado el acuerdo al que llegó la pasada semana el Ejecutivo foral por el que "decidió llevar adelante la solicitud que se le hacía mediante declaración institucional por parte del Parlamento de Navarra" y acordó "interesarse ante el Ministerio del Interior por la situación de estos jóvenes de Alsasua reclamando, entre otras cuestiones, el levantamiento de las medidas extraordinarias de aislamiento y separación".

Según ha indicado, todavía "no ha habido un retorno, ni podemos dar ninguna información más sobre la situación".