El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados aparentaron que el primero, que supuestamente circulaba sobre una bicicleta, había sido golpeado por el vehículo SEAT Ibiza Cupra conducido por el segundo, el día 8 de abril de 2013, sobre las 14.30 horas, en la calle Sierra de Granda de Siero.

Ese mismo mes de abril presentaron una declaración de siniestro ante la aseguradora del turismo Pelayo Mutua de Seguros, en la cual reclamaban unos supuestos daños materiales y unos daños corporales que tendrían su origen en la colisión, pero que realmente procedían de anteriores accidentes de tráfico sufridos por el primero de los acusados. La aseguradora rechazó la reclamación al entender que la responsabilidad era del propio ciclista y que existían serías sospechas de que se trataba de un siniestro provocado por el ciclista para reclamar por lesiones preexistentes.

El 2 de septiembre de 2013, el primer acusado, de acuerdo con el segundo acusado, presentó denuncia que dio lugar a un juicio de faltas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Siero, en el cual reclamaba la suma de 15.497,98 euros por daños personales, gastos médicos y daños materiales. Sin embargo, no consiguieron su propósito al dictarse sentencia absolutoria.

El 12 de noviembre de 2015, guiado por el mismo propósito, el primer acusado, de nuevo de acuerdo con el segundo acusado, presentó una demanda en la que decía haber sido arrollado por el vehículo SEAT Ibiza Cupra, conducido por el segundo. En ella reclamaba la suma de 15.497,98 euros por días de curación y por secuelas (5.992,48 euros), por gastos médicos (1.631,50 euros) y por daños materiales (7.455 por la bicicleta, 250 y 169 por la ropa).

Esta demanda dio lugar a un juicio ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Siero. En el acto de la vista oral se solicitó por la aseguradora la suspensión del juicio por prejudicialidad penal y se acordó la suspensión, por lo que no consiguieron su propósito de obtener una sentencia que reconociera una indemnización a favor del primero de los acusados.

La Fiscalía considera que los hechos relatados constituyen un delito de estafa procesal intentada y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 11 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses, a razón de 8 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diaria no satisfechas y el pago de las costas a la mitad.