Azcón también quiere conocer "en qué situación queda el concurso público que paralizó, sin motivo, Zaragoza en Común y cuáles serán las consecuencias que tendrá el problema generado por ZEC sobre la prestación del servicio".

El pasado mes de febrero la jueza emitía unas medidas cuatelares para que Pyrenalia, que había prestado el servicio hasta el fin de la contrata el pasado mes de diciembre, continuara con la prestación hasta que se resolviera judicialmente el intento de remunicipalización empredido por el equipo de gobierno de ZEC y que recirrieron judicialmente la CEOE-Aragón y la Delegación del Gobierno en Aragón.

La decisión de Pyrenalia de cesar el servicio que comunica al equipo de gobierno el pasado 28 de junio, provoca que el viernes, 30 de junio, se reúna el Gobierno de la ciudad de forma extraordinaria para emitir un acuerdo en el que se pide levantar o modificar las cautelares para que se siga prestando el servicio.

En concreto se acuerda plantear a las partes que se continúe el servicio, "como así ha sido desde el pasado fin de semana y se supedita al visto bueno de la jueza, que se le comunica esta voluntad el pasado lunes, al igual que a las partes implicadas".

A juicio de Azcón, ZEC adopta este acuerdo "de tapadillo" el viernes pasado depués del pleno y ha acusado al alcalde Pedro Santisteve, de "dejar que el 010 se pudra y termine estallando".

Le ha indicado que ZEC "tendrá que dar las explicaciones que no ha querido dar hasta ahora tras adoptar un acuerdo en una junta de gobierno que se ocultó a los grupos municipales, a los periodistas y de la que no hemos conocido el expediente hasta esta misma mañana".

En este sentido, los populares quieren conocer en profundidad el alcance jurídico de la decisión adoptada por el Gobierno de Zaragoza, ha abundado Azcón.