Las autoridades españolas solicitaron la ayuda para costear parte del paquete de medidas estimado en 1,6 millones de euros y que cuenta con acciones de formación, asesoramiento y apoyo en la búsqueda de empleo, además de promocionar el espíritu emprendedor e impulsar el arranque de 'start up'.

El plan está diseñado para apoyar en la búsqueda de empleo a los despedidos en cinco empresas del sector, en su mayoría (97%) hombres. La mayor parte de los parados trabajaron para Hullera Vasco Leonesa, aunque también hay despedidos de Centro de Investigación y Desarrollo, Hijos de Baldomero García, Minas del Bierzo Alto y Unión Minera del Norte.

Para que la Unión Europea desbloquee el pago de la ayuda es necesario aún el visto bueno formal de los Veintiocho, lo que está previsto que ocurra en un consejo de ministros europeos el próximo 11 de julio.

La resolución con la que la Eurocámara ha dado su visto bueno este martes en Estrasburgo (Francia) destaca que durante los últimos diez años, la producción de carbón en la UE y el precio mundial del carbón han caído considerablemente, lo que se traduce en un aumento del volumen de las importaciones de carbón procedentes de otros países y en que muchas minas de carbón ya no son rentables y se han visto obligadas a cerrar.

Estas tendencias han sido aún más pronunciadas en España, lo que dio lugar a una reestructuración y reconversión del sector de la minería del carbón. Sólo en Castilla y León, diez empresas del sector de la minería del carbón tuvieron que cerrar en el período 2010-2016, agrega el texto.

En principio, las ayudas del Fondo de ajuste a la globalización exigen un volumen mínimo de despidos de 500 personas, pero España solicitó una excepción alegando que el territorio afectado está compuesto por una serie de municipios pequeños y aislados que dependen significativamente de la minería del carbón.

El Fondo de Adaptación a la Globalización fue creado en 2007 para ayudar a las personas que han perdido su puesto de trabajo debido al impacto de la globalización.

En junio de 2009 se revisaron sus normas para reforzar el papel del FEAG como instrumento de intervención rápida ante efectos graves de la crisis económica y financiera de los últimos años en Europa.