En el escrito de acusación pública, se responsabiliza a ambos de haberse quedado con 1,14 millones de euros de unas 70 comunidades de vecinos y una decena de particulares entre 2008 y abril de 2013. Según la Fiscalía, desviaban el dinero utilizando varios métodos, como la duplicidad de recibos, la emisión de talones contra las cuentas de los afectados o el cobro de deudas por conceptos inexistentes.

Además de la pena de prisión, se solicita para cada uno de ellos el pago de una multa de 2.520 euros, y que indemnicen a los afectados en las cantidades defraudadas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)