Asimismo, en el texto, solicitan "la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, para que sean allí juzgados".

La declaración ha sido suscrita por 51 europarlamentarios de 15 Estados (Alemania, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Portugal, Reino Unido y Suecia)".

Los firmantes pertenecen a cinco grupos parlamentarios: Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D); Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE); Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE); Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) y Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens-EFA).

La declaración suscrita por los europarlamentarios será remitida en los próximos días a la Comisión Europea y también se enviará a todos los grupos del Parlamento foral, al Gobierno de Navarra, a los ayuntamientos, a diferentes organismos internacionales y a entidades sociales, académicas o sindicales.

Así lo han dado a conocer este sábado familiares de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en una rueda de prensa en la que han hecho balance de la visita de "trabajo y solidaridad" que realizaron el jueves a la sede del Parlamento europeo en Bruselas.

En representación de las familias, Edurne Goikoetxea ha explicado que el objetivo de las gestiones que han realizado era "difundir información sobre este caso y solicitar el amparo de eurodiputados de diferentes países y grupos". Y ha destacado que la valoración que realizan de esta visita es "sumamente positiva". "Podemos concluir que este viaje ha sido fructífero", ha resaltado.

Según ha indicado, "las sesiones de trabajo que hemos realizado nos han permitido poner en marcha iniciativas de cara a difundir este caso para recabar amparo y solidaridad, y también de cara a la celebración del juicio oral". "Los grupos parlamentarios han mostrado su compromiso de hacer seguimiento del caso y de realizar gestiones en las instituciones europeas para velar por el cumplimiento de las garantías del Estado de Derecho", ha asegurado.

Igualmente, ha destacado que "se han establecido relaciones con organizaciones no gubernamentales internacionales de reputado prestigio que trabajan en el ámbito de los derechos humanos", que "han mostrado interés y preocupación por este caso, se han comprometido a hacer seguimiento del mismo y se están perfilando diversas iniciativas".

Edurne Goikoetxea ha remarcado que "todas estas manifestaciones de preocupación y de solidaridad en ningún momento han pedido impunidad, ni han adoptado una posición de parte, tan sólo se han pronunciado en el plano de la escrupulosa defensa de los principios del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, y tan sólo solicitan un riguroso y correcto uso de las leyes y de los principios jurídicos como el de la proporcionalidad, el no sobredimensionamiento de los hechos, ni la utilización extensiva de los delitos penales".

"No pedimos impunidad, ni posicionamientos de parte. Pedimos que se respete la presunción de inocencia, se realice una investigación rigurosa y neutral para el esclarecimiento de los hechos, se actúe con proporcionalidad y de manera ecuánime y respetando los principios del Estado de Derecho y las garantías procesales para un juicio justo", ha reivindicado.