'Ante la ausencia de trenes (de carga), las fábricas, principalmente las químicas y de coches, no van a poder trabajar', dijo Guillaume Pepy, ejecutivo de la compañía ferroviaria estatal SNCF, al periódico Le Parisien en una entrevista.
Las tiendas y restaurantes parisinos ya se han quejado de que la huelga ferroviaria les ha hecho perder dinero, aunque los analistas dicen que el impacto macroeconómico ha sido hasta ahora limitado.
Pese a la oferta tentativa de conversaciones de la SNCF y del Gobierno, la huelga continuará hasta el martes, cuando funcionarios y profesores tienen previsto manifestarse en todo el país por sus salarios y condiciones laborales.
Los sondeos de opinión muestran que la huelga es impopular entre los votantes franceses, pero el Gobierno, que trata de llegar a los objetivos de crecimiento, sabe que no puede permitirse que la situación continúe demasiado tiempo, o se arriesga a un mayor conflicto social.
Un total de 26 universidades permanecían bloqueadas el domingo en otra protesta estudiantil por la financiación de la educación.
El sindicato CFTC, que representa al personal de La Poste y de France Telecom, dijo el domingo que se sumaría el martes a las acciones, al igual que un sindicato de la aerolínea Air France.
Un sondeo en Le Parisien el domingo halló que una pequeña mayoría de los franceses piensa que el presidente Nicolas Sarkozy está mejor situado para afrontar la huelga.
Otra encuesta del Journal du Dimanche señaló que el apoyo político al presidente había caído al 55 por ciento, su respaldo más bajo desde que fue elegido en mayo.
Los líderes sindicales también tienen un dilema, porque sus miembros han mostrado hasta ahora poca voluntad de negociar.
'Es una huelga que realmente no muchos querían y, por ello, nadie sabe realmente cómo salir de ahí', dijo Le Journal du Dimanche en un editorial.
La SNCF dijo que 250 trenes de alta velocidad TGV iban a operar el domingo, frente a los 700 de un día normal. El operador del metro de París RATP informó de que funcionaría un tren de cada cinco en la mayoría de las líneas, mientras que los trenes que llegaban a los principales aeropuertos de la capital ofrecían un servicio 'muy irregular'.
Los sindicatos ferroviarios se oponen a los planes de desechar los privilegios de sus pensiones, que permiten a unos 500.000 empleados del sector público jubilarse con la pensión completa tras contribuir durante sólo 37 años y medio, en lugar de los 40 del resto de los trabajadores.
/Por Nick Antonovics/
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