Amnistía Internacional ha denunciado este jueves públicamente las 34.000 multas que solo en 2016 se impusieron por "conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información" tras la entrada en vigor hace dos años de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza".

La denuncia se basa en un estudio presentado esta mañana frente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana bajo el título España: Los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira, donde la organización ofrece un análisis sobre la ley con motivo de su segundo aniversario.

De los cálculos presentados por la organización en su informe se desprende que de las 34.000 sanciones impuestas por estas conductas, más de 12.000 corresponderían a infracciones relativas a "desobediencia o resistencia a la autoridad".

Recuerda el estudio que el castigo por estas infracciones conlleva multas que van de 601 a 30.000 euros y que "algunas de las sanciones se han impuesto en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún incidente violento o altercado".

El informe de Amnistía Internacional también incide en las casi 19.500 sanciones que, según los cálculos de la organización, se impusieron en 2016 por "faltas de respeto o consideración" a agentes de las fuerzas de seguridad. Además, la organización subraya que, según datos ofrecidos por el ministerio del Interior, el año pasado se establecieron sanciones con un importe superior a los tres millones de euros.

Los representantes de Amnistía Internacional han insisto en que la vigencia de la "ley mordaza" fomenta la "arbitrariedad policial", que termina por "dañar los derechos de reunión, expresión e información".

"No puede ser que cualquier policía te pida el documento de identidad aunque no hagas nada y multarte nueve meses después", ha asegurado a los periodistas el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.

En este sentido, el informe de Amnistía también recuerda que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, en 2016 se impusieron 32 sanciones relativas a la "distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad", lo que genera "autocensura en quienes quieren documentar las actuaciones policiales".

Junto a los miembros de Amnistía, la manifestación también ha contado con representantes de plataformas de activistas y de personas afectadas por la imposición de multas por esta ley, que han pedido de forma expresa su "derogación total", ya que consideran que muchas de las conductas castigadas en esta ley ya están recogidas en otros cuerpos legales.