La acusación pública lo acusaba inicialmente de un delito de malversación, al entender que se había "apropiado de las cantidades abonadas por las personas que participaron en los cursos en concepto de inscripción", tras lo que hizo dos ingresos en una cuenta del Ayuntamiento, aunque se habrían "distraído" 4.338 euros.
El acusado fue nombrado coordinador del convenio firmado en junio de 2006 entre el Ayuntamiento y la Asociación Internacional de Policía, por el cual organizó 22 cursos online que se desarrollaron de julio a octubre de dicho año, "consignando en los trípticos de publicidad su número propio de cuenta para los ingresos".
El hombre negó los hechos y aseguró que liquidó "todo, económica y moralmente" con el Ayuntamiento, rechazando que distrajera dinero de las inscripciones e insistiendo en que realizó los ingresos correspondientes antes de cualquier investigación y no después, como sostenía el fiscal.
Aludió a que no hubo problemas "hasta que llegó la gente de la UGT -sindicato personado como acusación particular- queriendo meter el dedo en el ojo a cualquiera que hiciera cursos". De hecho, su abogado dijo que este caso parte de una denuncia de dicha organización sindical como "vendetta política".
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