Ferroatlántica (del grupo Ferroglobe) ha presentado alegaciones ante Augas de Galicia, a raíz de las que formuló por su parte el comité de empresa de Cee-Dumbría-centrales hidroeléctricas, con el fin defender la legalidad de la segregación que persigue de la actividad hidroeléctrica y las ferroaleaciones.

En rueda de prensa en Santiago, el catedrático de Derecho Administrativo de la USC Luis Míguez Macho ha explicado que han tenido conocimiento "oficioso" de las alegaciones formuladas por el comité de empresa.

Así, apunta que la "situación ha cambiado de manera radical" en los últimos 25 años desde que se firmó la cláusula que impide la segregación de actividades, de forma que Ferroatlántica se reafirma en que el negocio de ferroaleaciones no necesita del hidroeléctrico para preservar su viabilidad, al contrario de lo que defienden los trabajadores de A Costa da Morte.

Además, Míguez Macho asegura que "no existe hoy en día el mismo marco de rentabilidad y productividad empresarial" y "ha cambiado el marco legal" en la producción hidroeléctrica, por lo que a nivel retributivo no supone los mismos beneficios. "Por lo tanto, en estos momentos no subsisten ni las condiciones fácticas, ni las condiciones jurídicas que justificaron en su momento la vinculación entre las dos actividades", ha afirmado.

En sus alegaciones de 11 páginas remitidas al director de Augas de Galicia, Ferroatlántica defiende que "los más de 250 millones que obtendría" de sus centrales hidroeléctricas "suponen más de 15 veces el volumen de inversión anual de la compañía en España". Por tal motivo, considera que "esa apuesta merece la pena" para dar lugar a más inversiones.

Por ello, la compañía se escuda en la "libertad de empresa" para sostener que "el mantenimiento en la actualidad de la prohibición de segregación es contrario al ordenamiento jurídico".

RESPUESTA DE LA XUNTA A LA SOLICITUD CON "SOSIEGO"

A preguntas sobre el horizonte de junio marcado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que haya una respuesta del Gobierno gallego a la solicitud de Ferroatlántica de segregación de actividades, el catedrático de Derecho Administrativo de la USC remarca que el plazo que se establece por defecto en cuestiones administrativas es de tres meses, y "vence a mediados de agosto".

"Por lo tanto, la Xunta, legalmente, no tiene por qué resolver ahora mismo", ha dejado claro Luis Míguez, quien subraya que "no tiene por qué haber ninguna premura en resolver el expediente".

A renglón seguido, ha indicado que si la Xunta quiere "autolimitarse" en el tiempo de respuesta "es decisión de ella". "Pero como catedrático administrativo les diría que en un procedimiento tan complejo como es este no debe primar la premura, sino al revés, debe primar el sosiego, estudiar las cosas y, por supuesto, respetar los derechos de audiencia y participación de todos los interesados".

Y es que Luis Míguez también se ha quejado de que lo "normal" en este caso es que a la empresa se le deje tener acceso al expediente para poder formular las alegaciones y no responder a escritos de los que se entera de forma "oficiosa".

AFIRMA QUE ELIMINAR LA CLÁUSULA NO IMPLICA SACAR NUEVA CONCESIÓN

Preguntado por las sentencias judiciales que avalan la imposibilidad de segregación, Míguez Macho ha indicado que en su momento cuando se impuso la cláusula Ferroatlántica la impugnó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que rechazó el recurso de la empresa, pero asegura que fue "por motivos formales", luego ratificado por el Tribunal Supremo, de manera que estos fallos "no entraron a estudiar el fondo de la cuestión".

Cuestionado sobre si el hecho de anular la cláusula que impide la segregación debería implicar resolver una nueva concesión, Míguez Macho defiende que "esa cláusula impone una condición que se podría llamar accesoria", por lo que eliminarla "no afecta a lo que es el núcleo de la concesión" ni "implica que haya que volver a sacarla a concurso".

"HABRÍA PÉRDIDA DE EMPLEO" SI NO HAY SEGREGACIÓN

En lo tocante a las denuncias de los trabajadores sobre el riesgo de sus empleos en las fábricas de A Costa da Morte en el caso de que se permita la segregación, el director de recursos humanos de Ferroglobe, José María Merino Matesanz, asevera que "es muy difícil de entender esa afirmación porque la historia avala el éxito de las ferroaleaciones, además con una tendencia extraordinariamente creciente desde que en el año 1992 pasó a este grupo y estaba en unas condiciones verdaderamente difíciles".

Asimismo, Merino Matesanz hace hincapié en que la energía "ha dado unos resultados decrecientes" frente al aumento de las ferroaleaciones, por lo que los empleados de esas fábricas "no tienen por qué temer por sus puestos de trabajos".

Sin embargo, asegura que el plan industrial de inversiones tiene como "condición sine qua non" que se permita la segregación y la venta de las centrales hidroeléctricas.

Por este motivo, en el caso de que no se produzca la venta de las centrales, José María Merino avisa de que "habría pérdida de empleo", así como de inversiones, con "un recorte de costes", "sin duda".

En el supuesto de que la respuesta de la Xunta sea negativa a permitir la segregación, la directora de la asesoría jurídica de Ferroglobe, Clara Cerdán, avanza que "la empresa emprenderá todas las acciones legales que le amparan". "Sabemos que el ordenamiento jurídico nos asiste y no repararemos en solicitar justicia ante los tribunales en el orden contencioso-administrativo", advierte.