El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por En Marea en relación a la reforma legislativa que, según el portavoz del grupo rupturista, Luís Villares, "hiere de muerte" la "función principal" del Consello Consultivo, la "fiscalización" de la actuación de la Xunta desde la "independencia".

Esta modificación se realizó a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta, que también incluyó cambios en otra veintena de normativas, y ya entonces, en el mes de febrero, suscitó las críticas de toda la oposición.

Y es que, como ha sostenido Villares en rueda de prensa este martes, implica suprimir el cuerpo de letrados de este órgano (de siete personas que acceden por oposición) y facultar a su presidente para "poner y quitar a dedo" a profesionales de cualquier administración del Estado. De este modo, a su juicio, los técnicos pasan de poder emitir sus informes con "independencia" a convertirse en "un grupo de palmeros".

Así las cosas, el pasado mes de mayo En Marea elevó sus quejas al Constitucional a través del grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, puesto que se requiere que el recurso esté firmado por, al menos, 50 diputados o senadores.

Ahora que este tribunal ha decidido estudiar a fondo este asunto, se abre un plazo de 15 días para que las instituciones implicadas (Congreso, Senado, Gobierno, Xunta y Parlamento de Galicia) puedan personarse y formular alegaciones. En este escenario, Villares ha planteado establecer "una moratoria" en la aplicación de la ley "por prudencia", hasta que llegue el fallo judicial.

"CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA"

En su comparecencia ante los medios, el magistrado en excedencia ha cargado contra la "corrupción institucionalizada" del PP, ejemplificada en los cambios introducidos en un órgano que "le puede resultar incómodo porque señala vicios de ilegalidad e impide prácticas corruptas".

En esta "maniobra" para "asegurar la impunidad del PP", que se produce cuando el presidente del Consultivo está siendo investigado en el marco de la Operación Cóndor por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, Villares no sólo ha involucrado a José Luis Costa Pillado, sino también a su "amigo personal" Alfonso Rueda, número dos de Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno gallego.

Al hilo de ello, ha recordado que sobre Costa Pillado pesan sospechas de que podía haber sido utilizado por el presidente de Monbus, Raúl López, para introducir ciertas cuestiones en la legislación sobre el transporte público de Galicia. "Este tipo de favores no son fáciles de hacer en un órgano independiente; pero con letrados nombrados a dedo, la cosa cambia", ha enfatizado.

Ha aludido así a la declaración de Raúl López ante la instructora de la Operación Cóndor, en la que respondió a preguntas sobre su "amistad" con Costa y el "asesoramiento" que éste le habría prestado. Si bien negó a la jueza Pilar de Lara que el presidente del Consultivo le hubiese explicado "cómo plantear" sus asuntos a Alfonso Rueda, sí reconoció haberle regalado "una botellita de vino" en agradecimiento por sus gestiones.

Tomando este caso como referencia, Luís Villares ha juzgado "escandaloso" el cambio normativo. "Rueda promovió la reforma para que el presidente pudiera poner a dedo a los profesionales que hacen los informes técnicos", ha acusado.

"LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

En este contexto, el portavoz de En Marea ha celebrado la admisión a trámite del primer recurso de inconstitucionalidad presentado por su formación, máxime en un asunto que afecta a "la lucha contra la corrupción". No en vano, ha abundado, "defender la independencia del Consello Consultivo es defender la democracia y la lucha contra la corrupción".

Y, tras censurar que el PP pretenda "poner gente que sea cómoda para sus intereses" en una institución de la relevancia del Consultivo, al igual que "quita y pone fiscales a su antojo y presiona para apartar a jueces que investigan sus casos de corrupción", ha recordado la "obsesión" de Costa Pillado "desde que accedió al cargo" en contra del personal de esa casa.

Se ha referido así a una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Santiago que anula una decisión suya de dejar de pagar un complemento retributivo a través de una maniobra "torpe e injustificada" según el propio fallo judicial, que le obligó a devolver esos importes, de unos 100.000 euros.