Según han informado a Europa Press fuentes policiales, el desalojo se ha llevado a cabo "con total normalidad" en torno a las 6 de la mañana y una vez completado se ha entregado nuevamente el edificio a su legítimo propietario, la UV.

Por su parte, desde la universidad han valorado que el desalojo se haya realizado de manera tranquila, sin violencia ni hacia las personas ni hacia las cosas, y han apuntado que se ha identificado a estas cinco personas, que no han sido detenidas. Ahora, han agregado, lo importante es que "ya no hay peligro para las personas que estaban dentro y se puede poner en marcha el plan de rehabilitación" del edificio, que cuenta con seguridad reforzada a raíz de esta okupación.

La okupación de este colegio mayor comenzó el pasado 1 de mayo, cuando una veintena de personas accedió al Lluís Vives tras forzar la entrada que da a la calle y la del edificio y colgaron una pancarta en la fachada con el lema 'La ingovernable. Espai alliberat'.

Días después unas 40 personas traspasaban la valla y una decena consiguieron entrar en el inmueble para relevar a los okupas que permanecían en su interior.

La UV ha reiterado desde ese momento su disposición al diálogo para resolver este conflicto y, de hecho, inició un proceso de mediación para recuperar un "emblemático edificio que forma parte de su patrimonio histórico", declarado Bien de Relevancia Local y que dejó de funcionar como colegio mayor en el año 2012 después de que dos informes externos a la institución y un informe de los servicios técnicos de la UV detectaran el deterioro de la estructura arquitectónica del edificio.

Desde entonces, la UV "está trabajando en el análisis de las diferentes alternativas para recuperar para usos universitarios este edificio en un contexto de profunda crisis económica que la limitado gravemente la capacidad inversora de la universidad".

Con la okupación de mayo, el Lluís Vives ha sufrido "daños en el edificio, como la rotura de marcos de puertas y ventanas, así como la retirada de la valla de protección adicional que había instalado la universidad como medida de refuerzo de la seguridad del espacio", destacó la universidad.

Un Juzgado de Instrucción de València trasladó cédula de ofrecimiento de acciones judiciales en favor de la UV en el marco del auto judicial de instrucción de diligencias previas por el acceso no autorizado al edificio y la permanencia en estas instalaciones porque "puede suponer un riesgo para la seguridad de las personas, dada la situación estructural del edificio".

La UV remitió al juzgado los informes técnicos que advertían del grave deterioro del edificio y, en respuesta al ofrecimiento de acciones cursado por el juzgado, se personó en el procedimiento de diligencias abiertas al respecto.