El Ministerio Fiscal ha mantenido que los delitos de alzamiento de bienes de los que acusaba a cuatro miembros de la directiva del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), que llegó a ser el primer grupo cerámico de España, han prescrito tras transcurrir unos 20 años desde los hechos, por lo que ha retirado la imputación respecto a ellos.

El juicio por estos hechos, que desde enero de 2016 fue aplazado en varias ocasiones por diversos motivos, ha arrancado en la mañana de este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde se está previsto que se prolongue hasta este viernes.

Pese a la petición del fiscal, a la que se han adherido las defensas, el Tribunal ha desestimado la prescripción y ha continuado la vista contra José Orozco R.M., los hermanos Mariano y Francisco J.A., y Vicente M., a los que la acusación particular, ejercida por extrabajadores de GEA, acusa de estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores. Por su parte, un quinto acusado, Enrique Fidel T.H., sigue en paradero desconocido.

En este marco, la acusación particular, que sostiene que los acusados lograron "la total descapitalización" de GEA, ha reconocido que el procedimiento es "excesivamente largo", pero ha apuntado que "nunca ha estado paralizado" el tiempo suficiente para que los hechos se consideren prescritos.

Por su parte, los abogados de las defensas -de los acusados (los hermanos se representaban mutuamente) y de dos sociedades-, han pedido también la prescripción y la anulación de las actuaciones y han cuestionado la legitimidad de la acusación particular ejercida por los trabajadores agrupados en el Grupo de Opinión GEA, si bien el Tribunal ha desestimado todas estas peticiones.

AÑOS 90

Los hechos se remontan a principios de los años 90, cuando el Instituto Nacional de Industria (INI) vendió GEA a la sociedad valenciana Estudesa, cuyos responsables, según el anterior escrito de Fiscalía, "concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito" transfiriendo patrimonio de GEA a Estudesa y a otra sociedad de la que era accionista.

Para ello, fundaron Vanosa en 1993, una firma cuyo capital era la finca del grupo en la parroquia viguesa de Cabral. Usando esa finca como garantía hipotecaria, solicitaron un crédito de 450 millones de las antiguas pesetas al Banco Exterior -2,7 millones de euros- que luego no devolvieron, por lo que la entidad financiera se quedó con los terrenos.

INOCENCIA

Uno de los acusados, José Orozco R.M., ha asegurado que no participó "en ningún momento" en la negociación de la compra de GEA, y ha negado haber sido el que dio la orden de hacer unos cheques pactados para la operación de compra-venta. Además, ha dicho desconocer por qué no se pagó el préstamo que derivó en la pérdida de los terrenos utilizados como aval.

Por su parte, Mariano J., administrador de Estudesa en el momento de los hechos, ha reconocido que intervino en las negociaciones con el INI para la compra de GEA, y ha indicado que la situación de este grupo de empresas era "horrible, estaba francamente mal y necesitaba de un saneamiento importante", por lo que se llegó a un acuerdo con el INI por el que éste tenía que "dejar la empresa en condiciones de viabilidad".

No obstante, ha recriminado que no cumplió su compromiso y, como el principal proveedor financiero de Estudesa instó a concentrar el riesgo en una única empresa para poder recibir un préstamo, se acordó pedir la hipoteca sobre los terrenos de GEA, si bien no la llegaron a pagar porque, ha indicado, "el INI y la Xunta no cumplieron con lo prometido".

Francisco J. ha comentado, en relación a este último asunto, que no pagaron el préstamo porque el acusado que permanece desaparecido había asumido el control sobre las finanzas de GEA para ese entonces, después de que en 1996 comprase el grupo y llegasen a un acuerdo con él para que no hubiera reclamaciones mutuas de deuda entre Estudesa y GEA.

El cuarto varón, Vicente M. -que comparece como acusado por la acusación particular y como testigo por la Fiscalía- ha explicado que la compra-venta de GEA ascendía a 100 millones de pesetas según la escritura, pero "luego había unos flecos que había que cancelar". En todo caso, ha mantenido que el INI mantenía el control y tenía "siempre toda la información". "No hicimos cosas irregulares", ha sellado.

La Fiscalía considera a los cuatro acusados autores de un supuesto delito de alzamiento de bienes, que entiende prescrito; mientras que la acusación particular pide que sean condenados a seis años de prisión por cada uno de los delitos de apropiación indebida, estafa y contra los trabajadores, y a cuatro años por alzamiento de bienes.

DEL ÉXITO A LA QUIEBRA

El grupo GEA , creado en los años 20 por un ourensano retornado de Cuba, llegó a tener más de 5.000 empleados, cinco plantas de producción y más de 30 puntos de venta en toda España, especializados en loza, porcelana, vidrio y cerámica.

Empresas Álvarez entró en crisis a mediados de los años 70, debido a la acumulación de deudas, la mala gestión y la competencia de otras empresas. En 1976 pasó a manos del INI y, en los 20 años siguientes, fue cambiando de dueños sin que su situación económica mejorase, sino todo lo contrario.

Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, la incertidumbre sobre su futuro y las protestas de los trabajadores, muchos de los cuales fueron despedidos, desembocaron en lo inevitable: GEA entró en suspensión de pagos en 1997. La producción se mantuvo, no obstante, hasta octubre de 2001, pero esta industria nunca recuperó sus niveles de producción, facturación y empleo.

Los exempleados de GEA se reunieron en varios grupos y lograron hacerse con los terrenos de la empresa en subasta judicial. Posteriormente, cada uno de los tres grupos constituidos vendió la parte del patrimonio que le había correspondido a una promotora inmobiliaria distinta.

El pago por esas fincas también ha estado rodeado de polémica e inmerso en procesos judiciales, ya que los terrenos se abonaron como suelo industrial, y el Plan General de 2008 (anulado por el Tribunal Supremo) los recalificó para uso residencial. Los trabajadores reclaman que se les pague la diferencia de valor.