La operación Guateque no ha hecho más que empezar. La Guardia Civil ha anunciado que en los próximos días efectuará una decena de registros y detendrá a más personas relacionadas con la trama de corrupción que el martes salpicó al Ayuntamiento de Madrid, según Europa Press. En ella, 16 funcionarios –técnicos, abogados, arquitectos y aparejadores– fueron detenidos acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, por cobrar comisiones de entre 6.000 y 30.000 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento anunció ayer que, a petición del PSOE, creará una comisión de investigación sobre el caso una vez que el juez Santiago Torres levante el secreto de sumario.
En este sentido, la oposición aseguró que la investigación «será paralela» a la de la adjudicación de «los superchirimbolos, porque parece que la concesión de esta licencia está relacionada».
«El pan de cada día»
«El pago de comisiones es conocido por los políticos», aseguró ayer la Asociación de Víctimas de Expropiación y Usurpaciones Patrimoniales Inmobiliarias. «Es el pan de cada día», explicó, pero «es muy difícil que alguien pueda probar estas prácticas».
Para agilizar el proceso de concesión de licencias, Gallardón propuso ayer que
éstas sean concedidas por empresas privadas externas al Ayuntamiento, medida que la oposición consideró un «auténtico disparate».
El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias aseguró ayer este caso está relacionado «con la operación Malaya, a través de Monserrat Corulla y Pablo Valle».
Los locales no tendrán que cerrar
«Las penas de prisión por prevaricación oscilan entre seis meses y dos años; por tráfico de influencias, entre seis meses y un año, y ascienden de dos a seis años por cohecho» explica una jurista de la cátedra de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. «En todos los casos se prevé la inhabilitación para el desempeño de cargo público de siete a doce años, dependiendo del delito». La letrada asegura, además, que a los que pagaron comisiones para que les agilizaran sus licencias «se les impondrían las mismas penas que a los funcionarios que incurrieran en el delito de cohecho». Asimismo, aclara que «si los locales se encontraban en situación regular para poder conseguir las licencias, no habría motivo para proceder a su cierre», aunque los empresarios hayan pagado por agilizar los trámites.
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