Jubilados -convocados por la CIG- han entregado este miércoles en el Parlamento gallego más de 14.000 firmas en contra de los recortes en las pensiones públicas.

Decenas de pensionistas han protestado este miércoles ante el Pazo do Hórreo con carteles en los que se pedía "justicia e igualdad" para más de 260.000 emigrantes retornados, al tiempo que se reclamaba la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En declaraciones a los medios, Xosé Manuel González, del colectivo

de jubilados de la CIG, ha explicado que se ha llevado a cabo una campaña de recogida de firmas "en contra de las reformas de pensiones del PSOE y el PP", porque con "Zapatero se congelaron" y ahora, con el PP en el Gobierno tan solo se suben un 0,25% anual, por lo que "se está perdiendo poder adquisitivo".

En este sentido, González llama la atención sobre cómo esta problemática afecta de forma especial a las mujeres, que "no tienen tanto acceso al trabajo" y que "están perdiendo muchísimo dinero". También avisa de que "se va a pegar otro recorte a las pensiones de viudedad".

A esto se suma "el robo" del Estado a los emigrantes retornados, así como los "repagos" sanitarios y de medicamentos.

Por su parte, el líder de la CIG, Paulo Carril, ha denunciado que las pensiones gallegas están "entre un 15% y un 20% por debajo de la pensión media del Estado". Además, lamenta los "ataques permanentes" del PP al sistema público de pensiones, que "busca" fomentar los sistemas privados, así como aumentar la edad de la jubilación.

RECHAZO DE INICIATIVA

Este miércoles, en el pleno del Parlamento gallego se ha debatido una iniciativa del BNG -rechazada por el PPdeG- en la que se demandaba, entre otras cuestiones, la derogación de las últimas reformas laborales, así como reconocer el derecho a la jubilación ordinaria a los 65 años.

Al respecto, Montse Prado ha denunciado que "casi el 60%" de los pensionistas gallegos están por debajo del salario mínimo, con una de cada cuatro mujeres por debajo del umbral de la pobreza, "mientras se han metido a los bancos 60.000 millones de euros".

Aquí, carga contra el "ataque progresivo y constante" del Estado español a las pensiones para favorecer su

privatización, con medidas como un aumento de la edad de jubilación, congelación de pensiones y, posteriormente, desvincular "definitivamente" su actualización respecto al IPC.

A renglón seguido, Noela Blanco (PSOE) ha alertado de que 880.000 gallegos entre 32 y 52 años "van a ver mermadas sus pensiones" y "nadie a día de hoy les puede asegurar que las vayan a percibir".

Paula Quinteiro (En Marea) ha exigido acabar con el relato "demagógico" de que no se puede sostener el modelo público de pensiones, a la vez que pide "equilibrar la desigual distribución de la renta entre trabajo y capital".

En cambio Alberto Pazos Couñago (PPdeG) ha explicado la negativa de su grupo en esta propuesta, que busca derogar las leyes que permitieron "crear 500.000 empleos al año", después de la destrucción de más de tres millones de trabajos.

También ha espetado el popular que los socialistas provocaron la "única congelación" en 40 años de la democracia de las pensiones, y "fue el PP el que garantizó que eso no volviera a pasar" al garantizar una subida del 0,25% anual.