La Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución impulsada por la Unión Europea (UE) que, por primera vez, insta a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte. El texto fue aprobado por 99 votos a favor, 52 en contra y 33 abstenciones tras dos días de intenso debate en el seno del comité de derechos humanos del órgano legislativo de Naciones Unidas, compuesto por 192 países.
La resolución expresa preocupación por la continuada aplicación de la pena de muerte e insta a los países que mantiene la pena capital en sus códigos penales a que "establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital". También llama al respeto de los estándares internacionales que garantizan los derechos de los condenados y a la progresiva reducción de los delitos que se penan con la muerte.
Triunfo para los contrarios a la pena capital
La adopción de la moratoria supone un triunfo para los opositores de la pena de muerte, que desde 1993 habían intentado sin éxito que la Asamblea General aprobara una medida similar. Al contrario que en años pasados, sus patrocinadores centraron el texto en el concepto de un llamamiento a una moratoria, en lugar de a una abolición, con lo que se consiguió que hasta 87 países se apuntaran como patrocinadores del proyecto de resolución.
Espero que iniciemos un proceso en conjunto de colaboración, con dignidad y respeto
"Espero firmemente que al aprobar esta resolución iniciemos un proceso en conjunto de colaboración, con dignidad y respeto", apuntó el embajador de Italia ante la ONU, Marcello Spatafora, cuyo país fue uno de los principales promotores de la medida.
Eso no evitó que la adopción del texto fuera precedida por un intenso debate a lo largo de dos días en el pleno del tercer comité, en el que se presentaron sin éxito casi una veintena de enmiendas. Algunas delegaciones, como las de Singapur, Botsuana o Egipto, opuestas a la moratoria acusaron a la UE de sembrar la discordia con una medida polémica, seguir prácticas colonialistas y entrometerse en los asuntos internos de otros países soberanos.
La resolución, como todas las de la Asamblea General, no es vinculante pero sus promotores aseguran que supone un respaldo moral en la lucha en favor de la abolición de la pena de muerte.
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