El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que la Fiscalía presentó denuncia en septiembre de 2014, tras conocimientos de los supuestos hechos irregulares por la plataforma 'Apemsa no se vende'.

Según la denuncia, los denunciados, como miembros del consejo de administración de la referida empresa pública, votaron en Junta General de 2010 prorrogar dos contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad Aqualia, vulnerando supuestamente la normativa esencial sobre contratación pública, ya que, según los denunciantes, "encubrían realmente nuevos contratos, evitando así el concurso de otras empresas".

El auto señala que "difícilmente puede hablarse de una resolución jurídicamente insostenible y de una conducta dolosa en los investigados, quienes recabaron todos los informes precisos y votaron conforme a ellos, resultando irrelevante, desde la perspectiva del Ius puniendi, si la decisión de fondo fue o no ajustada a derecho". En este sentido, añade que "la mala gestión o el negligente asesoramiento, por si solos, no son sancionados penalmente en el ordenamiento jurídico".

Finalmente, el auto expone que "ni concurren los elementos para apreciar que estamos ante un delito de prevaricación, ni tampoco se aprecian conductas que puedan englobarse en los delitos societarios expuestos, pues ni hubo abuso de las funciones de su cargo por los administradores ni tampoco se falsearon las cuentas anuales".

En este sentido, añade que "al analizar individualmente cada uno de estos delitos la conclusión que se alcanza coincide en que se aprecia una gestión que, al menos indiciariamente, puede calificarse de arriesgada e incluso caótica en algunos momentos, pero que no presenta entidad para ser penalmente relevante".

Cabe recordar que el pasado 8 de mayo el exalcalde de El Puerto Alfonso Candón prestó declaración en la causa tras solicitar "de manera voluntaria" la condición de investigado "para que se le concedieran los derechos procesales que la ley adjetiva le otorga". Candón en el momento de los hechos denunciados era concejal y miembro del consejo de administración de Apemsa.