A nivel nacional, el promedio en 2017 se sitúa en los 86 días de trabajo. En cambio, en País Vasco o Madrid esa cifra ronda los 50 días, mientras que en Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana llega a triplicarse.

En cuanto al pago de la deuda pública del conjunto nacional, los trabajadores de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia necesitan destinar aproximadamente un año de trabajo para pagar su parte del conjunto de la deuda pública total, mientras en que Madrid (198 días), País Vasco (205 días) y Navarra (218) se necesita trabajar en torno a 200 días. En el caso de Baleares se requieren 259 días.

La AIReF asegura que todos las administraciones públicas contribuirán a reducir la ratio de deuda sobre el PIB en los próximos cuatro años (2017-2020), pero casi el 50 por ciento de la reducción se deberá a la evolución de las comunidades autónomas.

En concreto, estima que la deuda pública, que se situó en el 100,4 por ciento del PIB en el primer trimestre, caerá siete puntos porcentuales hasta 2020, una reducción que, según la institución, es "insuficiente" para alcanzar el valor de referencia del 60 por ciento del PIB establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por ello, en el Observatorio de Deuda Pública del primer trimestre de 2017 la AIReF prevé que hay un 70 por ciento de probabilidad de acabar con una deuda superior a este umbral del 60 por ciento en 2020 y estima que dicho porcentaje no se alcanzará hasta el año 2037, la misma previsión que hace tres meses.

Por comunidades, las mejor situadas son Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarán en 2020 un nivel cercano al valor de referencia (el 13 por ciento del PIB). Baleares se situaría sobre el 23,8 por ciento. Por el contrario, las comunidades que no lograrían llegar al nivel de referencia ni en los próximos 30 años son Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Por último, en referencia a las corporaciones locales, la mayoría de los grandes ayuntamientos planean seguir amortizando deuda en 2017, con parte de los saldos primarios generados, como vienen haciendo desde 2012. Así, el número de ayuntamientos con una población mayor de 250.000 habitantes, con un ratio de deuda sobre ingresos corrientes consolidados superior a 110%, ha disminuido en los últimos cuatro años de cuatro a solo uno, Zaragoza.

Sin embargo, algunos ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria, y en menor medida, Barcelona, Valladolid y Zaragoza, prevén un aumento de su deuda respecto a los ingresos corrientes consolidados en 2017.