El estudio unifica toda la información sobre medios humanos y materiales, así como los dispositivos con los que cuenta la Comunitaten la actualidad, detalla el departamento autonómico en un comunicado.

En un primer lugar, el defensor del pueblo valenciano solicitó informes a las distintas administraciones -consellerias, diputaciones y ayuntamientos- para conocer los recursos dedicados a la lucha contra la violencia de género.

Igualmente, en el transcurso de la investigación, personal técnico del Síndic ha visitado hasta 25 centros de atención a mujeres y se han entrevistado unas 150 personas entre responsables, trabajadoras y usuarias de estos espacios. Los encuentros se centraron en saber cómo conviven, trabajan y se sienten con los recursos y servicios que se ofrecen, además de conocer de primera mano sus necesidades y

propuestas de mejoras.

El informe presta una especial atención a los menores víctimas de violencia de género. Sobre esta cuestión, el Síndic considera necesario que la Orden de Protección para la mujer víctima de violencia de género debe extenderse a los menores a su cargo, si no se hubiera dictado una expresamente.

La institución también insta a que se impulsen cambios legislativos para que, tras dictarse la orden, se suspenda automáticamente la patria potestad al progenitor violento con la finalidad de garantizar la seguridad y el bienestar de dichos menores.

Para el defensor del pueblo valenciano, "es inadmisible que los hijos de mujeres maltratadas necesiten la autorización del maltratador para recibir atención psicológica o para realizar un cambio de centro escolar o sanitario".

LA MAYORÍA SIN DENUNCIAR

Por otro lado, los datos que publica el Síndic en su informe corroboran que la mayoría de las víctimas de violencia de género no ha denunciado su situación.

"Queda mucho por recorrer mientras continúen produciéndose asesinatos, acosos, malos tratos, o mientras que las mujeres que se encuentren en esta situación no crean que el sistema las protegerá y que lo hará con eficacia", advierte el defensor del pueblo.

No obstante, ante este número de mujeres que por diversas razones no quieren interponer una denuncia, el Síndic entiende que la Administración debe desarrollar protocolos para que este colectivo de mujeres maltratadas pueda acceder a determinados recursos, ya sean económicos o de índole psicológico-emocional.

El objetivo final del trabajo del Síndic es, en definitiva, ayudar a mejorar las acciones de la Administración para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género así como a sus hijos el desarrollo de una vida digna y proteger su integridad física, psíquica y su bienestar.