La Consejería de Economía y Hacienda, como acusación particular en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid por el denominado caso de 'La Perla Negra', relativo a la compra del edificio de Soluciones Empresariales sito en Arroyo, ha solicitado al juez instructor la formación de cuatro piezas separadas para agilizar las pesquisas y evitar de este modo dilaciones que puedan causar daños irreparables para algunos de los investigados.

En su escrito al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la letrada de la Junta de Castilla y León, se muestra conforme con la decisión del instructor, César Gil Margareto, a petición de la Fiscal Jefe, Esther Pérez, de prorrogar 18 meses más las investigaciones de esta 'causa compleja', si bien recuerda que la misma se incoó en octubre de 2013, hace ya casi cuatro años, sin que hasta el momento hayan prestado declaración quienes aparecieron en un primer momento como principales "imputados".

La Junta muestra su disconformidad con el hecho de que el Ministerio Fiscal, en un reciente escrito, "no duda en citar varios nombres de personas investigadas, indicando los delitos que considera que han cometido, como si de un escrito de calificación provisional se tratara, y ninguna de ellas aún ha prestado declaración en sede judicial".

En opinión de la letrada de la Administración regional, ello está acarreando "perjuicios de imposible reparación" a muchas de las personas que ya han declarado en sede judicial, entre ellos los que lo han hecho por su asistencia a los consejos de administración de Gesturcal/ADE, "y que se están viendo sometidas a un juicio mediático difícilmente soportable".

Además de criticar lo que calificad de "filtraciones" a los medios "constantes y sonrojantes", incluso antes de que las partes personadas en el procedimiento hayan sido notificadas, la Junta realiza como petición fundamental que el instructor abra cuatro piezas separadas para agilizar las pesquisas, una relativa al edificio de 'La Perla Negra', que es la más avanzada, y el resto centradas en la división y compartimentación del interior inmueble, así como en la adquisición de los terrenos del Polígono Industrial de Portillo y la referida a la reciente incorporación del alquiler de la sede de la Administración regional en Bruselas.