La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, junto a la delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafi Crespín, ha anunciado que el Gobierno andaluz invertirá un total de 9,7 millones en reformar el edificio de la Audiencia provincial para adaptarlo a sede administrativa, una vez que se traslade a la nueva Ciudad de la Justicia.

La Dirección General de Patrimonio tiene previsto, en el Plan de sedes Administrativas de la Junta de Andalucía, la ubicación de la Delegación del Gobierno andaluz y la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, indica la Junta en un comunicado.

Como ha explicado la consejera, "para la adaptación del edificio a sede administrativa es preciso llevar a cabo una obra de reforma, lo que requiere la redacción de un proyecto". El edificio, con su nuevo uso, estará disponible 18 meses después de quedar vacío.

La obra de adaptación se realizará con una metodología BIM, una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación y obra civil, que permite reducir los plazos de construcción a la mitad de lo habitual en estos momentos, con lo que Montero ha destacado que Córdoba se convertirá en "un referente de construcción pública".

La titular de Hacienda ha agradecido el trabajo previo llevado a cabo por la Delegación de la Junta en Córdoba con la Dirección General de Patrimonio y que ha permitido un análisis exhaustivo de las necesidades existentes y posibilidades del edificio.

Por otra parte, ha señalado que "con esta inversión en obra civil la Junta contribuye a impulsar el desarrollo económico, preocupación central del Gobierno andaluz". En este sentido, ha mostrado su confianza en que "los próximos presupuestos de la Junta permitan que la inversión pública sea una prioridad para el desarrollo económico".

Montero recuerda que el edificio fue construido a principios de la década de los años 70 del siglo pasado, por lo que sus instalaciones y revestimientos están "obsoletos" y deben ser reemplazados "por completo", además de que el cambio de uso implica una redistribución de la compartimentación y deberá adaptarse al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.

La previsión de la Junta es destinar las plantas sobre rasante a oficinas administrativas, con una superficie construida de 10.167 metros cuadrados, y ubicar en la planta baja los servicios generales, mientras que el sótano, con una superficie de 2.173 metros cuadrados, albergaría los depósitos de archivo, almacenes de garaje y locales de instalaciones.

Una vez en uso, el edificio podría albergar a un total de 550 trabajadores de la Administración autonómica de forma "confortable", añade.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha reiterado que el Gobierno andaluz es titular del pleno dominio de este inmueble situado en la Plaza de la Constitución. La parcela se ubica en la confluencia de la avenida del Aeropuerto y el Paseo Conde de Vallellano.

El edificio tiene su acceso principal por la Plaza de la Constitución. Consta de dos cuerpos de edificación, uno destinado actualmente a la Audiencia provincial con cuatro plantas y otro bloque destinado a juzgados con siete plantas.

ANTES DE AÑO, LICITADA LA OBRA

Montero ha resaltado que el nuevo edificio, al albergar la Delegación del Gobierno andaluz (con sus competencias adscritas de las consejerías de Justicia e Interior y Hacienda y Administración Pública), así como la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, permitirá que "la ciudadanía

pueda llevar a cabo varios actos administrativos en una misma sede".

En este mes de junio se licitará la redacción del proyecto y de obra. Antes de final de año, se sacará a licitación la obra que previsiblemente comenzará en el segundo semestre de 2018.