El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha explicado que esta es una iniciativa "social e identitaria" que quiere "preservar derechos y libertades" de los aragoneses, así como "obtener mayores recursos públicos para la educación, la sanidad y los servicios sociales", "exprimiendo la potencialidad del autogobierno".

Briz ha subrayado que la Constitución española "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales" y Aragón se define en su Estatuto como una "nacionalidad histórica", si bien sus derechos históricos "son anteriores a la Constitución y al Estatuto" y se trata de actualizarnos "mirando el futuro".

El diputado de CHA ha recordado que "a principios del siglo XVIII, los llamados Decretos de Nueva Planta abolieron, por derecho de conquista, el Derecho público y las instituciones propias del Reino de Aragón, que había sido Estado independiente durante setecientos años" y solo se conservó el Derecho privado, que ha subsistido hasta la actualidad.

Asimismo, ha criticado que "quien aquí nos llama independentistas, pactan en el cuarto oscuro con el PNV y reconocen de facto la deuda histórica de Canarias" para conseguir su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha calificado la iniciativa de "chantaje" de CHA al PSOE para que este último "mantenga el sillón del Gobierno", con un texto que contiene "el desvarío jurídico y político del todo vale", que recoge "el nacionalismo más antiguo" y pretende "dar un paso más en la política de confrontación" modificando el Estatuto, para subrayar que su grupo "está en contra de este texto, no de que se desarrollen los derechos históricos".

RECENTRALIZACIÓN

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha precisado que el Estatuto "reconoce la actualización de los derechos históricos en el respeto a la Constitución", ha esgrimido que "el Derecho foral aragonés es una realidad" y ha criticado la intervención del diputado de Cs, que "300 años después, ha hecho gala del apelativo de Felipe V, el borbón el animoso" por su defensa "animosa de la recentralización, sin tener en cuenta qué somos y queremos ser en Aragón".

El parlamentario de Podemos, Alfonso Clavería, ha manifestado que "los derechos históricos de Aragón son constitucionales" y esta es "no solo una cuestión identitaria, sino de refuerzo del autogobierno" y de los derechos y libertades de los aragoneses porque "las leyes deben reflejar mejoras para el provenir", si bien ha expresado "dudas jurídicas y procedimentales, reservas que esperamos que se aclaren en su debate en ponencia".

La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, ha afirmado que "estamos por actualizar los derechos históricos, aunque haya que modificar cosas en esta ley" y ha apelado al consenso porque "si en Aragón estamos unidos tendremos más fuerza" para exigir al Gobierno central el cumplimiento del Estatuto en esta materia, para indicar que según un precepto estatutario "similar", los ciudadanos de País Vasco y Navarra reciben el doble de dinero público que un aragonés.

El diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha calificado esta iniciativa como una reforma del Estatuto de Autonomía "chusca y por la puerta de atrás", además de considerar que es "inconstitucional", "recoge una demanda que nadie reclama, es contraria al consenso", "no va a mejorar las carreteras, ni la sanidad" y CHA la presenta para "sobrevivir", "a falta de mejores ideas", en vez de proponer soluciones a los aragoneses, introduciendo "debates partidistas y artificiales".